Una denuncia penal por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, apuntó contra transportistas escolares que habían sido contratados por el gobierno, acusados de “defraudación en perjuicio de la administración pública” y “asociación ilícita”.
Los mismos prestaban servicio en General Pueyrredón, Lincoln y Roque Pérez a través de los consejos escolares bonaerenses.
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Según la información que brindó la carteara de Educación, se constató la “articulación de acciones tendientes al ocultamiento de un monopolio en la prestación del servicio”, lo que explicaron, “podría implicar además un intento de evasión fiscal en términos de reducción de la carga impositiva”.
La denuncia se realizó “tras obtener información de diferentes auditorias, investigaciones y análisis sobre los documentos de rendición de órdenes de pago y sus anexos complementarios”.
En las ciudades donde funcionaba esta empresa, denuncian que no se realizaba la totalidad de los recorridos, así como tampoco con la cantidad de vehículos pactados.
“Por ejemplo, en General Pueyrredón se auditaron 31 recorridos, que por contrato se debían realizar con 43 vehículos para transportar 1.304 alumnos. Se constató que solamente se efectuaban 15 recorridos con 17 vehículos, transportando 689 alumnos”, detallaron.
Desde el gobierno de la provincia, argumentaron que la denuncia se dio en el marco de una “política de regularización” de las situaciones administrativas, así como de los procesos de contratación para la “compra de bienes y servicios”.
“La provincia de Buenos Aires está trabajando para contribuir y establecer los procedimientos necesarios para llevar de aquí en adelante, una administración eficaz y confiable en la inversión de los fondos públicos en el sistema educativo”, concluyeron.
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