Mauricio Macri volvió a ganar centralidad en la escena política y sacó a relucir su capacidad de influencia sobre sectores de la Justicia. Envalentonado por la jugada electoral que catapultó a Javier Milei al Gobierno – aún al costo de derrumbar el andamiaje político de Juntos por el Cambio-, el macrismo reactivó su poder de artillería para atacar a adversarios por vía de la judicialización.
Pese a algunas maniobras de camuflaje, emergen dos datos que revelan que la influencia macrista en la Justicia sigue intacta. Tanto en las acciones para embarrar las elecciones en Boca que ubican al ídolo xeneize, Juan Román Riquelme, como favorito de la contienda como en la sorpresiva revocatoria del sobreseimiento de Cristina Kirchner, un hilo rojo conduce a las terminales de poder del macrismo. En medio de ese contexto, Mauricio Macri recibió otra buena noticia: se confirmó su sobreseimiento en la causa por presunto espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan en 2017.
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Elecciones en Boca: del cambio de fecha a la suspensión
Los artilugios legales para dilatar la realización de las elecciones, aún pese al complejo panorama deportivo de Boca ante la no clasificación a la Copa Libertadores 2024 quedaron expuestas a cielo abierto. Es que la difusión de las encuestas con una tendencia en favor de la fórmula Riquelme- Ameal por sobre la nómina opositora de Andrés Ibarra (ex ministro de Modernización de Cambiemos) y Mauricio Macri, derivaron en dos acciones progresivas con un marcado guiño judicial: 1) la postergación de la fecha de los comicios 2) la suspensión de las elecciones
En el primero de los casos, una sorpresiva cautelar de la justicia porteña hizo postergar la fecha de las elecciones del sábado 2 al domingo 3 de diciembre. El planteo respondió a un pedido de un grupo de socios de la colectividad judía ante una presunta “conducta discriminatoria” contra quienes profesan la religión.
Por decisión del juez Ricardo Baldomar, se postergó la fecha de los comicios aunque a las pocas horas se destapó un escándalo: tres de los cinco denunciantes se enteraron por los medios y negaron haber autorizado al impulsor de la demanda a canalizar la denuncia. La medida judicial se adoptó sin siquiera haber citado a declarar a los supuestos perjudicados.
Pese a la irregularidad y el perjuicio que significaba para la actual conducción el cambio de fecha por las complicaciones para viajar de socios del interior, el oficialismo aceptó la modificación pero dejó sentado las presuntas irregularidades: “Con una sola llamada el fiscal interviniente sin comprobar la identidad de los denunciantes y sin exigirles ratificar la denuncia, procedió a dar curso a la misma” señalaron.
Este martes, otro polémico fallo dio lugar a un pedido del candidato Andrés Ibarra a suspender los comicios por presuntas irregularidades en el padrón electoral.
La medida fue adoptada por Alejandra Débora Abrevaya, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11 son asiento en CABA. La magistrada en cuestión es pariente del exdiputado de Juntos, Sergio Abrevaya. En uno de los puntos más polémicos de su resolución, confundió el calendario de 2023 con el de 2021.
“He encontrado también extraño, cuanto menos, que en print de pantalla de la foja 40 del informe correspondiente al mismo período, aparece una cantidad demasiado significativa de socios dados de alta como adherentes y pasados a activos plenos en fechas reiteradas, pero además realizadas las incorporaciones en días no laborables, sobre todo teniendo en cuenta la operatoria de tareas normales” indica.
“En sábados y también domingos, todo del período agosto noviembre del año 2021, se han ingresado como socios activos adherentes, en fecha 26/8 a las 18:01, 9/9 a las 14:59, 16/9 a las 15:17, 25/11 a las 18:49 17/9 (domingo) a las 19:30, 7/10 a las 19:26, entre otros. Es decir, en horarios muy dispares, se anotaron socios activos pasándolos a esa categoría desde la de adherente, en días de fin de semana, consignándose la persona que lo autoriza, como en otros casos”, completa la jueza.
La ONG del PRO que reactivó la causa de la “la ruta del dinero K”
Casi en simultáneo, la Cámara Federal porteña decidió revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa popularmente conocida como “la ruta del dinero K”.
La expresidenta había sido sobreseída el 5 de junio pasado por el juez federal Sebastián Casanello, al considerar que ya no quedaban personas que quisieran litigar contra Cristina Kirchner. Esa situación, llevó al fiscal Guillermo Marijuan y a los dos organismos estatales querellantes (la Unidad de Información Financiera y AFIP) a desestimar la acusación (Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos).
Pese a esos elementos, el juez Casanello hizo lugar a una presentación de la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG estrechamente vinculada al PRO.
Entre los integrantes del Consejo Diurectivo figuran Fernanda Inza, ex tesorera del PRO que llegó a estar imputada en una de las investigaciones por los aportantes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. También figuran el abogado Pablo Noceti, quien fuera la mano derecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y estuvo denunciado en la investigación por la muerte de Santiago Maldonado.
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