El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, procesó a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje ilegal a políticos, gremialistas, dirigentes sociales y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además de Arribas y Majdalani quedaron procesadas también a otras 36 personas imputadas por las supuestas maniobras de inteligencia prohibidas, entre los que se encuentran el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), durante el Gobierno de Cambiemos, Emiliano Blanco, y exagentes de la AFI de distinta jerarquía.
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A Arribas y Majdalani, la justicia les trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos.
Cabe destacar que la decisión de Auge se produjo luego de que la Cámara Federal porteña, que días atrás dispusiera el paso de la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, le devolviera el expediente hasta tanto se trate un recurso extraordinario presentado por el abogado Carlos Beraldi, en representación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según el juez, hay elementos para procesar a Arribas y Majdalani como responsables “de dar las órdenes de practicar acciones de inteligencia ilegal” a 42 personas, entre las que están la expresidenta, el sindicalista Hugo Moyano y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
La decisión de Auge se sustenta en el criterio de los fiscales, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes antes del inicio de la feria judicial, habían requerido que Arribas y Majdalani fueran procesados junto a otros 36 imputados entre los que también estaba la exempleada del área de Documentación Presidencial durante el Gobierno de Macri, Susana Martinengo, quienes hoy resultaron procesados.
“Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas”, habían dicho los fiscales.
“Con distintos roles, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos, los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron.
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