Las gambetas administrativas para zafar de una cuestión incómoda, suelen ser moneda corriente. De hecho, en el país de la indignación selectiva, el ex vicepresidente Amado Boudou sumó al prontuario de su escarnio público, el haber consignado en su DNI un domicilio particular que, en realidad, no era más que un médano frente al mar de las costas de San Bernardo. El caso fue fogoneado por la prensa, y finalmente el imaginario social bautizó esa parcela de arena, como el “Médano Boudou”.
El escarmiento contra el ex funcionario kirchnerista derivó en una causa judicial –una más- en la que se le imputó el delito de ‘falsedad ideológica de instrumento público’. Es uno de los pocos expedientes que le jugaron a favor a Amado Boudou. Opinable como cualquier fallo judicial atravesado con el prisma de la grieta, la resolución tiene lógica: concluyó que el Documento de las personas está destinado a acreditar “la identidad” del portador, no su domicilio.
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¿Le cabe el mismo razonamiento a la polémica que llegó ahora a la Corte para el caso del flamante integrante del máximo tribunal bonaerense SergioTorres? A priori, pareciera que no. Es que la falsedad ideológica de un instrumento público que se le imputa al soberano refiere no al documento de identidad, sino, justamente, a una declaración sobre el domicilio de su radicación. La sospecha es que mintió para cumplir con un requisito legal, impuesto por mandato constitucional, para acceder al cargo de ministro de Corte.
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El caso de Torres mutó en los últimos días agravando su condición. Es que durante el tiempo en que duró el proceso de su designación, abundaron sospechas sobre un presunto incumplimiento del requisito que impone demostrar su condición de bonaerense radicado en territorio provincial, al de haber ejecutado una maniobra para burlar ese mandato.
En efecto, la sospecha que encendió el alerta en el máximo tribunal que ahora duda sobre la conveniencia de coronar su designación con la jura correspondiente, revela una trama de engaño que podría desmoronarse con la comprobación de que el domicilio que incluyó en su declaración jurada para justificar su radicación, donde se suponía que “vivía” en la Provincia, permaneció “inhabitable” y “en construcción” durante buena parte del tiempo que debió justificar para acceder al cargo. GM
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