A raíz del desembarco y crecimiento de la firma Remax en Argentina y puntualmente en Bahía Blanca, el Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó una ordenanza que prohíbe su habilitación en el distrito.
El proyecto presentado por el oficialismo y aprobado de manera unánime, establece además la imposibilidad de realizar publicidad, y la facultad al municipio de decomisar potencial cartelería y la aplicación de multas que van de los 5 mil a los 20 mil módulos.
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Esta iniciativa busca además proteger a las inmobiliarias locales, porque si bien la compañía multinacional está inhabilitada para funcionar por la Inspección General de Justicia, lo sigue haciendo.
El mes pasado, a pedido del Colegio de Martilleros, el Frente de Todos de Bahía Blanca intentó llevar al recinto un proyecto similar, pero Juntos por el Cambio logró imponer su mayoría y ni siquiera fue tratado.
Eso generó malestar por parte de la oposición, que supone que la iniciativa no fue tenida en consideración porque la martillera firmante es María Teresita Morad (Reg. 2099), esposa del actual subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni, generándose de esa manera un conflicto de intereses.
Lo que la IGJ determinó es que la compra, venta y alquiler de propiedades a través de franquicias es una actividad ilegal y ordenó su disolución y liquidación.
Desde Remax Sudoeste se aclaró que se cumplen las leyes provinciales vigentes, la Ley Nacional 25028, Ley 22082 de Lealtad Comercial, Ley 24240 de Defensa del Consumidor, las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y Consitucionales.
Fundada en 1973 en Estados Unidos, es la mayor red inmobiliaria del mundo y opera en Argentina desde el 2005. Se estima que en nuestro país trabajan en ella unas 5 mil personas y que se comercializan aproximadamente 60 mil propiedades.
En su defensa, sus abogados aclaran que no es la firma quien ejerce, en los hechos, la actividad, sino los cerca de 500 corredores y martilleros que la integran, y que los martilleros están yendo hacia ella porque logran mejores resultados.
Además, que no es cualquiera el que hace la transacción inmobiliaria, sino un responsable idóneo, y que la compra, venta y alquiler de propiedades es una actividad comercial, a punto tal que fue regulada por el anterior Código de Comercio y, hoy, también lo está por el Civil y Comercial.
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