Luego de que el presidente Alberto Fernández derogara el Decreto N° 70 de 2017 sobre la política de migraciones, que prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acortaba los tiempos de expulsión del país, los referentes del PRO salieron a cuestionar duramente la nueva reglamentación del Gobierno.
“El Presidente da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad”, aseguró el Diputado Nacional del PRO, Cristian Ritondo, quien además defendió el decreto de Mauricio Macri y sostuvo que “beneficiaba a la seguridad nacional”.
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El decreto macrista era fuertemente cuestionado por los organismos de Derechos Humanos, entre ellos diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas, quienes denunciaban que el mismo los ponía en una situación de vulnerabilidad y desigualdad, y que un delito menor –como la posesión de drogas recreativas, el manejo bajo efectos del alcohol o un simple accidente de tránsito– los exponía a una expulsión del país.
“Se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos”, fue una de las principales justificaciones por las cuales el Gobierno Nacional decidió reemplazar el decreto.
Jorge Macri también se sumó a las críticas. “Hace un año liberaron a los presos y ahora dejan entrar delincuentes y narcos. Una vez más el Gobierno le da la espalda a los argentinos decentes. Este no es el país en el que queremos vivir”, manifestó.
Todo el arco opositor, principalmente el PRO, salió a marcar la diferencia y polarizar respecto a este tema. “El Gobierno pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”, comparó Patricia Bullrich.
Vale aclarar que la nueva modificación no derogó la normativa, sino que la retrotrajo a 2017, quitando las modificaciones realizadas por el gobierno de Mauricio Macri. Según justificó el Gobierno en el decreto firmado por el propio Alberto Fernández, las modificaciones de Macri no cumplían con el espíritu establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional: “para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
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