El gobierno nacional modificó un decreto que había firmado Macri en 2017 y que habilitaba ingresos al país, así como también extradiciones de extranjeros que tuvieran antecedentes penales.
La medida había sido duramente cuestionada por diferentes tipos de organismos de Derechos Humanos, tanto internacionales como nacionales, asegurando que se violaban derechos humanos básicos y que se profundizaba en la estigmatización y xenofobia hacia el extranjero.
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Uno de los motivos por el cual el anterior gobierno había impulsado ese decreto se basó en datos respecto a que al menos un 21,3% de los detenidos en el Servicio Penitenciario del país eran extranjeros, algo que finalmente fue cuestionado.
De esta forma, este viernes 5 de marzo el gobierno de Alberto Fernández promulgó el decreto 138/2021 que anuló así al decreto 138/2021 que había firmado Macri.
El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante”, explicó el Gobierno en la decisión publicada hoy en el Boletín Oficial
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