El Gobierno formalizó esta semana, a través del Decreto 588/2026 firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno, el cese de Marcelo Alejandro Nimo como Agregado Especializado en Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la embajada argentina en España, cargo que además le otorgaba rango protocolar de Consejero y Cónsul General.
La salida se precipitó después de que el embajador Wenceslao Bunge Saravia le retirara el despacho dentro de la sede diplomática de Madrid. Pero la anécdota del escritorio es apenas la superficie de un problema más de fondo: qué pasa cuando la lealtad ideológica choca contra la estructura de poder real de una embajada.
El currículum que la genuflexión tapaba
Nimo no es diplomático de carrera. Su nombre empieza a aparecer en el Estado durante el menemismo: entre 1999 y 2009 fue funcionario bajo el ala de Ramón Hernández, secretario privado histórico de Carlos Menem, una etapa formativa que antecede a la épica libertaria que hoy exhibe en sus redes, donde se define como “anarcocapitalista, mileísta y discípulo de Jesús Huerta de Soto”.
Ese posicionamiento quedó subrayado cuando en agosto de 2024 recibió el Decreto 722/2024 que lo reincorporaba con rango consular, porque lo festejó públicamente agradeciéndole al Presidente: “Gracias Javo!” y cerrando el posteo con un “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.
El detalle es importante para entender el episodio actual. Nimo construyó su lugar en la diplomacia libertaria no por trayectoria en el Servicio Exterior sino por exhibición de fidelidad doctrinaria. De hecho, había sido cesado apenas asumido Milei (Decreto 177/2024, febrero de ese año) y reincorporado seis meses después con un cargo de mayor peso protocolar.
Tal vaivén, lejos de ser un tropiezo, funcionó como ascenso, porque pasó de agregado comercial raso a Consejero de Embajada y Cónsul General “al solo efecto protocolar”, una figura que le permitía operar con jerarquía diplomática sin ser un funcionario de carrera.
El dilema: ¿por qué cae un incondicional?
Ahí aparece la gran pregunta: Si Nimo era, en apariencia, uno de los funcionarios más devotos del proyecto libertario en el exterior (al punto de agradecerle al Presidente por nombre de pila en redes sociales), ¿por qué terminó eyectado de su cargo por un conflicto con el embajador?
La respuesta hay que buscarla en la asimetría de poder dentro de la propia embajada. Bunge Saravia, a diferencia de él, no es un operador ideológico sino un empresario con casi treinta años de carrera en Credit Suisse España, elegido por Milei y por el excanciller Gerardo Werthein específicamente para bajarle el tono a la relación con Pedro Sánchez después de la crisis diplomática de 2024.
Su designación pasó por el Senado (53 votos a favor, apenas dos en contra) y llegó tras un culebrón de casi seis meses en el que el propio Gobierno había fracasado primero con la fugaz postulación de Alejandro Alonso Sainz. Es decir: Bunge llegó con un mandato político mucho más sólido y con respaldo institucional explícito, mientras que Nimo sostenía su lugar apenas en la voluntad presidencial y en un rango “al solo efecto protocolar”, una categoría que por definición es más frágil y revocable que un pliego aprobado por el Congreso.
Hay, además, un antecedente que complica todavía más la lectura de Nimo como simple víctima de una interna: se dice que el propio agregado comercial estuvo detrás del desplazamiento de Roberto Bosch, el embajador anterior a Bunge, mostrándose rápido en desmarcarse de él cuando este entró en conflicto con el Gobierno de Sánchez.
Si eso es así, Nimo llegaba a este round como alguien que ya había demostrado capacidad de operar puertas adentro contra jefes políticos con los que no compartía línea. El problema, esta vez, fue que del otro lado no había un diplomático de carrera vulnerable a una interna, sino un embajador con espaldas propias (empresariales, políticas y parlamentarias) que directamente le sacó el escritorio.
El patrón detrás del caso
El affaire Nimo también expone una discusión de fondo sobre cómo el mileísmo diseñó su “diplomacia de la libertad”: priorizando la fidelidad ideológica por sobre la carrera diplomática para ocupar posiciones sensibles en el exterior.
La ley 20.957 que regula el Servicio Exterior establece que sus funcionarios deben ser de carrera, salvo excepciones para embajadores políticos con cualidades especiales; sobre los cónsules, una lectura estricta de la norma tampoco habilitaría designaciones políticas, aunque en la práctica esa regla nunca se aplicó con rigidez.
Nimo es, en ese sentido, un ejemplo de manual de cómo el Gobierno estiró esa flexibilidad normativa para instalar operadores de confianza en estructuras diplomáticas.
Pero la ideología, en este caso, no alcanzó para blindarlo. El cese de Nimo deja una lectura incómoda para el relato libertario de la meritocracia doctrinaria: la genuflexión pública al Presidente puede garantizar un nombramiento, pero no necesariamente la supervivencia dentro del propio aparato que esa lealtad ayudó a construir.
