En un nuevo capítulo del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, el país suscribió un acuerdo de Facilidades Extendidas por 48 meses que eleva su deuda con el organismo a niveles sin precedentes: tras el desembolso de USD 20.000 millones, Argentina representará el 43,1% del total prestado por el FMI, según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El análisis destaca que el programa está diseñado como un “puente al 2030”, basado en la expectativa de un fuerte incremento de las exportaciones energéticas y mineras, pero advierte que en el corto plazo las exigencias del Fondo podrían agravar el escenario económico. El tipo de cambio real multilateral (TCRM) se encuentra apreciado un 18,6% respecto al promedio de 2023, producto en parte de la caída de las monedas de Brasil y China, los principales socios comerciales del país. Esto, según CEPA, encarece las exportaciones y favorece las importaciones, dañando la producción nacional.
La estrategia oficial para obtener dólares se apoyó inicialmente en la devaluación de diciembre de 2023, lo que redujo las importaciones y permitió acumular reservas. Sin embargo, esa tendencia se estancó rápidamente. Entre junio y noviembre de 2024, el 70% de los dólares ingresaron por el programa de blanqueo, no por el comercio exterior. El nuevo acuerdo con el FMI, junto a aportes del Banco Mundial, el BID y otros organismos, prevé ingresos por USD 28.100 millones para 2025, aunque el país necesita cubrir pagos y acumulación de reservas por USD 47.000 millones. El desbalance financiero asciende así a USD 15.200 millones.
Condiciones, restricciones y riesgos
El informe de CEPA también cuestiona el modo en que se aprobó el programa, a través de un DNU que, según la Constitución Nacional, debería haber pasado por el Congreso. A pesar de esto, el FMI dio por cumplido el requisito institucional para habilitar el “acceso excepcional” al crédito, un mecanismo reservado para casos extraordinarios que permite superar el límite del 435% de la cuota del país en el organismo.
En cuanto al régimen cambiario, el Gobierno anunció una unificación del mercado que implica el fin del dólar blend y múltiples flexibilizaciones para empresas y personas físicas. No obstante, se mantienen restricciones parciales, como la imposibilidad de girar dividendos previos a 2025 o el impuesto del 30% para consumos con tarjeta en el exterior.
El sistema opera bajo un esquema de bandas cambiarias entre $1.000 y $1.400, con un ajuste mensual del 1%. Mientras tanto, la economía sigue atada a los vaivenes financieros y la promesa de ingresos futuros por el desarrollo de Vaca Muerta y otros proyectos energéticos, que según el FMI podrían aportar hasta USD 18.000 millones anuales para 2030.
Una apuesta de alto riesgo
A pesar del superávit comercial proyectado para 2024 y 2025, el escenario es de extrema fragilidad. La combinación de apreciación cambiaria, apertura financiera, eliminación de restricciones y endeudamiento creciente plantea desafíos significativos para la estabilidad económica.
El acuerdo con el FMI apuesta a sostener el programa económico actual hasta que los dólares de la energía comiencen a fluir con fuerza. Pero hasta entonces, la economía argentina deberá transitar un camino estrecho, bajo vigilancia permanente del organismo y con un horizonte aún lejano para el alivio estructural que necesita.
