El Gobierno nacional promulgó este miércoles 3 de febrero la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. La misma establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación.
La medida se conoció a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 131 que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. La normativa, sancionada el 11 de febrero en el Congreso, propone que los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberán también ser aprobados por el Parlamento.
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La normativa dispone que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.
“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, añade.
Asimismo, señala que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Además, la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública indica que “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes, a excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo 39 de la ley 24.156 de Administración Financiera, considerándose dentro de esta clasificación aquellas definidas en el Clasificador Económico del Gasto”.
La Cámara de Diputados la convirtió en ley con el respaldo de 233 votos que fueron aportados por el del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, en tanto que los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta.
En tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán, en declaraciones a A24, lanzó: “El FMI es responsable de lo que pasó en la Argentina. Hubo responsabilidad compartida. El FMI le prestó a un gobierno de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo político, fue para apoyar la campaña del presidente anterior, a costa del sufrimiento del pueblo argentino”.
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