El escándalo por el escrache con bosta a la casa del diputado nacional José Luis Espert sumó este sábado un nuevo capítulo judicial. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la excarcelación de tres de los detenidos, pero decidió mantener en prisión preventiva a Eva Carina Alejandra Mieri, concejala peronista de Quilmes y presidenta del bloque del PJ en ese distrito del sur bonaerense.
Los liberados son Aldana Sabrina Muzzio, Iván Díaz Bianchi y Candelaria Montes, quienes recuperaron la libertad bajo cauciones millonarias y con duras restricciones. La magistrada impuso fianzas de $5 millones, $15 millones y restricciones de circulación y contacto con la víctima. Ninguno de ellos podrá acercarse al domicilio de Espert en Beccar, y deberán presentarse semanalmente ante el juzgado.
Una decisión política y jurídica
En cambio, la situación de Mieri sigue siendo mucho más compleja. La jueza la considera una pieza clave en lo que definió como una acción destinada a “amedrentar y condicionar” al diputado nacional mediante la violencia política, con uso de recursos públicos.
La acusación contra la dirigente kirchnerista incluye los delitos de atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación al odio político, malversación de caudales públicos y hasta la alteración de la numeración de un objeto registrado, todos en concurso. La causa gira en torno al presunto escrache ocurrido el 17 de junio en la localidad de Beccar.
Arroyo Salgado fue tajante: la gravedad del hecho, el riesgo de fuga, su rol como funcionaria pública y la posibilidad de entorpecer la investigación justifican, a su criterio, que Mieri continúe detenida. El pedido de excarcelación de su abogado, Bienvenido Rodríguez Basalo, fue rechazado.
“Los concejales pueden ser detenidos por orden de un magistrado”, recordó la jueza en su resolución, donde estimó que de resultar condenada, la pena podría ser de cumplimiento efectivo. También señaló que hay otras personas involucradas en el ataque que aún no han sido identificadas, y que la libertad de Mieri podría facilitar su ocultamiento.
¿Militancia o delito?
El caso ya generó fuertes tensiones políticas. La propia intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció en redes sociales que Mieri fue trasladada a una cárcel federal en Ezeiza, y reclamó su inmediata liberación. Militantes peronistas y organizaciones afines también han manifestado su respaldo a la concejala.
Muzzio, una de las liberadas, es empleada del PAMI desde 2022. Montes, en tanto, milita en La Cámpora. Bianchi, de 22 años, trabaja en el hospital Cetrángolo de Vicente López.
Aunque Arroyo Salgado evitó una lectura política de su resolución, la retención de una única detenida mujer, con cargo institucional, y su adscripción al oficialismo bonaerense, reaviva las sospechas sobre un posible uso ejemplificador del caso. Desde sectores del peronismo ya hay quienes hablan de una “detención arbitraria”, mientras el expediente sigue avanzando.
Lo que viene
La causa se mantiene abierta y bajo secreto parcial. Queda pendiente determinar cuántas personas más habrían participado del escrache y si hubo instigadores o financiamiento detrás de la protesta que terminó con materia fecal en la vivienda del diputado liberal.
Mientras tanto, Eva Mieri permanece presa, con su rol político y la disputa partidaria bonaerense como telón de fondo.
