Un nuevo dictamen judicial les dio la razón a los trabajadores despedidos de la empresa Lácteos Vidal de Carlos Casares, en el marco de una huelga que lleva a cabo el sindicato desde más de nueve meses.
Por segunda vez en dos meses, la justicia intimó a la firma láctea a que reincorpore, de manera inmediata, a los trabajadores que fueron echados y advirtió que la negativa será bajo apercibimiento económico.
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En este caso, fue el Juzgado Nacional de Trabajo Nº69, a cargo del Dr. José Ignacio Ramonet, quien ordenó que “se haga cumplimiento a una medida cautelar en favor de los trabajadores dispuesta en febrero de este año por la Cámara de Apelaciones”.
El antecedente mencionado se conoció en febrero, por la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La misma “prohibía despidos en el marco del conflicto, ordenaba la reincorporación de los trabajadores despedidos luego de la medida cautelar, prohibía la incorporación de nuevos operarios en reemplazo de los huelguistas y establecía una multa económica ante el incumplimiento de esa medida cautelar”.
Desde el gremio remarcaron que la patronal “nunca cumplió lo determinado por la Justicia” y justificaron la nueva intimación “bajo apercibimiento de una sanción económica de 10 mil pesos diarios por cada día de mora por cada uno de los trabajadores por los que incumpla”.
Además, el dictamen obliga a Lácteos Vidal a “realizar la nueva alta en la AFIP de cada uno de los trabajadores que despidió, dejando sin efecto los despidos dispuestos” completan.
“Desde ATILRA celebramos esta resolución que esperábamos desde febrero pasado, luego de que se dictara la Cautelar en favor de los trabajadores; y exigimos su cumplimiento inmediato” completaron desde el gremio que conduce Heber Ríos.
Carlos Casares: Más antecedentes en favor de los trabajadores
A fines de febrero, también se conoció un fallo del Juzgado N° 3 de Garantías de Trenque Lauquen, que desestimó las denuncias contra la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) por un presunto bloqueo ilegal y la usurpación del predio fabril.
Entre los fundamentos de la disposición, el fiscal Fabio Arcomano consideró que únicamente existió “una ocupación temporaria de un terreno baldío en el marco de la huelga gremial”,según consta en la resolución.
Por otra parte y en relación con las acusaciones de “amenazas” contra empleados que querían ingresar a trabajar al lugar radicadas por los empresarios, la resolución indica que los denunciantes señalaron “no haber sido víctimas de las mismas ni haberlas presenciado” pero dieron nombres de quienes habrían padecido esas presiones.
Sin embargo, en los testimonios de las personas mencionadas ante la justicia, estos dijeron haberse “adherido voluntariamente a la medida gremial”. En el caso de dos empleados que no se sumaron a la protesta, también declararon “no haber recibido amenazas” y reafirmaron que pudieron ingresar “libremente” al predio fabril, más allá de algunos “insultos” que no podían ser catalogadas de riesgosos ni con intención de provocar daños, según el criterio judicial.
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