El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con representantes de Amnistía Internacional Argentina, en el marco de una serie de encuentros que se llevan a cabo ante la necesidad de profundizar el diálogo entre todos los actores involucrados tras as denuncias de abuso y arbitrariedades por parte de la policía provincial en centros de aislamientos de Formosa, como en cualquier otro caso vinculado a los Derechos Humanos en el marco de la pandemia.
La reunión que se extendió por cerca de una hora en la Casa de Gobierno, contó con la participación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y de la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak; mientras que por parte de Amnistía asistieron Mariela Belski, directora Ejecutiva de la entidad, y su directora adjunta, Paola García Rey.
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Tras la visita de la semana pasada del secretario de Derechos Humanos a Formosa, donde se entrevistó con las autoridades locales, las organizaciones sociales, dirigentes y referentes de la oposición política y representantes de la sociedad civil, el gobierno nacional profundiza la estrategia de “escuchar a todos”.
“Amnistía Internacional considera como un paso positivo la posibilidad de conversar y llevar muestras preocupaciones, fundadas en denuncias de afectados, para avanzar y lograr revertir esta situación. Mantenemos nuestro compromiso de seguir documentando la situación en Formosa y garantizar que las respuestas a la pandemia sean siempre respetuosas de los derechos humanos”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
El gobierno nacional compartió los resultados preliminares del informe que realizó la Secretaría de Derechos Humanos, y en paralelo, la organización internacional agregó información que elaboró sobre la situación en la provincia.
Por último, Amnistía Internacional también transmitió su posición sobre la situación de Formosa, sobre las denuncias y testimonios documentados e insistió sobre la necesidad de garantizar los derechos de las personas y de que el Estado nacional siga monitoreando la situación de cerca para asegurar que las medidas implementadas respeten los derechos humanos.
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