En el marco del debate de la Ley de Alquileres provincial, desde la Comisión de Legislación General del Senado se convocó a especialistas para poner sobre la mesa una problemática que alcanza a millones de personas como es el acceso al alquiler por las demandas de las inmobiliarias.
El proyecto lo impulsa el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, quien sostuvo que “tiene que haber claridad y transparencia para acceder a la información de los honorarios”.
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Uno de los participantes por parte de la Federación de Inquilinos Nacional fue el tandilense Juan Arrizabalaga, quien señaló a Infocielo que se propone que la comisión inmobiliaria, que hoy es cubierta por el inquilino, pase a potestad del propietario.
“Se propone esa modificación de la ley de martilleros porque es el gasto representa el mayor costo para acceder a un alquiler. Lo que propone esta iniciativa es que sea la parte propietaria el que lo pague”, manifestó.
Según explicaron desde la Federación, para acceder a un alquiler de 42 mil pesos, que es un alquiler promedio, entre pedidos de informes, certificación de firmas, depósito y seguro de caución, un inquilino debe pagar un total de 217.200 pesos, mientras que con la sanción de esta Ley se reduciría a unos 80 mil pesos.
Las estimaciones de las organizaciones señalan que la cantidad de inquilinos en el territorio bonaerense es de 3 millones, pero 1,5 millones son los que tienen contrato.
“Más allá de la inflación, se necesitan decisiones políticas porque este es un costo extra y artificial”, lanzó Arrizabalaga. “Es aliviar el bolsillo, no depende de una variable macroeconómica, sino de una decisión política porque no hay tenerle miedo al sector inmobiliario”, sentenció.
Según explicó Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “un tercio de los inquilinos tienen deudas de alquiler pero están aún más endeudados en otras cosas como expensas y servicios, tarjetas de crédito o familiares”.
En ese contexto, especificó que el 90 por ciento pidió plata para pagar gastos cotidianos porque prioriza tener un techo para vivir. Además, expresó que “corresponde que el Estado tenga un rol activo en este conflicto que está formado por dos partes asimétricas: una parte lucha por la posibilidad de tener un techo y la otra busca una renta”.
En relación al punto del proyecto que explicita que el Estado deberá garantizar la publicación de los honorarios y las alícuotas que se cobrarán en los alquileres, Jerónimo Guerrero Iraola de la Defensoría del Pueblo bonaerense explicó que “la información empodera y es la herramienta para que se garanticen los derechos” y concluyó, “cuando hay una ley, hay una forma de afianzar ese derecho”.
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