La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó duramente el concurso público lanzado por Fabricaciones Militares S.A.U. y denunció que el Gobierno de Javier Milei avanza hacia una privatización encubierta de la empresa estatal, con participación de operadores extranjeros y un esquema de control privado sobre capacidades consideradas estratégicas para la Defensa Nacional.
El gremio puso el foco en el mecanismo elegido por el Gobierno: un contrato de Unión Transitoria (UT) mediante el cual, según su interpretación del pliego, el Estado conservaría la titularidad de los inmuebles y las plantas, pero transferiría durante hasta 35 años la gestión, la producción, la comercialización y buena parte de las decisiones operativas y tecnológicas a los socios privados.
“El pliego bajo análisis no es —como se lo presenta— un mero procedimiento de ampliación, modernización y optimización de la actividad industrial de Fabricaciones Militares”, sostuvo ATE en el documento con el que busca visibilizar el proceso. Para el sindicato, se trata de “un mecanismo de transferencia del control operativo, comercial y decisorio de la totalidad de la capacidad de producción militar del Estado argentino a operadores privados”.
El Estado conserva las plantas, pero el privado tendría el control
Uno de los principales cuestionamientos está puesto sobre la composición de la futura Unión Transitoria. Según ATE, el pliego establece un piso de 51% de participación privada y un Comité Ejecutivo integrado por tres representantes privados y dos estatales.
Desde el gremio sostienen que esa estructura transforma en meramente formal la participación del Estado en las decisiones. “La palabra ‘conjunta’ que atraviesa todo el pliego es una ficción semántica. No hay co-gestión. Hay gestión privada con presencia estatal minoritaria”, plantearon.
La denuncia apunta especialmente a que el esquema no se limitaría a incorporar capital privado para modernizar las plantas, sino que permitiría que el operador tenga injerencia sobre los presupuestos, la producción y las decisiones comerciales. El plazo previsto —hasta 35 años— es otro de los puntos que ATE considera centrales.
El sindicato sostiene que el mecanismo permitiría evitar una privatización formal porque el Estado mantendría la propiedad de los inmuebles. Sin embargo, según su lectura, durante décadas quedaría en manos privadas el usufructo económico de los distintos sectores productivos de Fabricaciones Militares, que incluyen químicos, explosivos, municiones, armamento y actividades metalmecánicas.
“Se cede el uso, la gestión, la decisión, la producción, la comercialización, la tecnología y la utilidad, pero se retiene el título de propiedad, para poder sostener que ‘no hay privatización'”, cuestionó ATE.
La alerta por la participación extranjera
El otro eje de la denuncia sindical está vinculado con la soberanía y la posibilidad de que empresas constituidas en el exterior participen del proceso.
ATE advirtió que el pliego habilita expresamente la participación de personas jurídicas extranjeras en una actividad que considera estratégica para la Defensa Nacional. Para el gremio, esto abre la puerta a una eventual extranjerización de capacidades industriales que históricamente estuvieron bajo control estatal.
En ese punto también cuestionó que el pliego incorpore como criterio de elegibilidad la lista de sancionados de la OFAC, el organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de administrar y hacer cumplir sanciones económicas.
Para ATE, la utilización de ese listado introduce un componente geopolítico en la selección de quienes podrán asociarse con el Estado argentino en materia de producción militar.
El sindicato también puso bajo la lupa las condiciones vinculadas con la tecnología. Según su denuncia, mientras el operador privado contaría con mecanismos para proteger su secreto industrial, las obligaciones respecto de la transferencia tecnológica hacia el Estado tendrían un peso mucho menor dentro del esquema de evaluación.
“El pliego protege el secreto industrial del operador con precisión quirúrgica y protege la transferencia tecnológica al Estado con una declaración de buenas intenciones que vale 5 puntos [sobre 100]”, cuestionó el gremio.
El costo para el Estado y el futuro de las fábricas
Otro de los puntos señalados por ATE es el mecanismo previsto en caso de que una futura administración decidiera rescindir anticipadamente el contrato por razones de interés público o Defensa Nacional.
Según la denuncia, el Estado debería afrontar el pago de las inversiones todavía no amortizadas, con un incremento adicional del 10%. Para el gremio, esa condición podría convertirse en un obstáculo financiero para recuperar el control de las instalaciones antes de que finalice el contrato.
ATE también cuestionó una cláusula de no competencia que, según su interpretación, limitaría durante 35 años la posibilidad del Estado de producir por su cuenta determinados bienes vinculados a municiones, pólvoras, explosivos y cañones.
El sindicato considera que ese esquema supone una pérdida de autonomía industrial y advirtió que podría comprometer las capacidades estatales durante varios gobiernos.
A la vez, el gremio puso el foco sobre el pasivo ambiental. Según la denuncia, el adjudicatario quedaría eximido de las contingencias y daños ambientales generados antes de la firma del contrato, mientras el Estado continuaría afrontando los costos de remediación de establecimientos con décadas de actividad industrial.
“El privado se lleva la renta; el Estado se queda con el pasivo ambiental histórico de plantas que llevan más de ochenta años produciendo explosivos, ácidos y nitratos”, sostuvo ATE.
En paralelo, el sindicato alertó sobre la situación de los trabajadores. El pliego, según su análisis, no establece una garantía de estabilidad laboral y contempla un esquema en el que los trabajadores podrían continuar siendo empleados del Estado mientras el operador privado determina aspectos centrales de la organización del trabajo.
“El trabajador sigue siendo empleado del Estado, el Estado sigue pagando su salario y sus cargas sociales, pero quien organiza su trabajo, fija sus horarios, define sus turnos y determina sus condiciones es un operador privado extranjero que no es su empleador”, denunció el gremio.
Para ATE, el modelo podría generar además una doble estructura laboral, ya que las nuevas incorporaciones quedarían bajo el régimen privado de la Ley de Contrato de Trabajo.
Con esos argumentos, el sindicato busca instalar el debate sobre el concurso antes de que avance el proceso de selección y reclama poner bajo discusión el futuro de Fabricaciones Militares. El planteo excede así la discusión sobre el destino de una empresa estatal: para ATE, lo que está en juego es quién tendrá durante las próximas décadas el control de capacidades industriales vinculadas directamente con la Defensa Nacional.
