En la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el centro de día Cedime parece constituirse en el triste emblema de una región que intenta resistir los embates de la motosierra nacional. La situación llegó a un punto de no retorno porque la gestión de Javier Milei interrumpió el flujo de recursos fundamentales, dejando a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad extrema.
Raúl Woites, presidente de la institución, describió en ub móvil de C5N, un escenario desgarrador donde la falta de pagos por parte de Nación, que se arrastra desde noviembre, está vaciando las alacenas y la paciencia.
Hambre en el centro de día
La crisis alcanzó niveles inhumanos cuando la entidad se quedó sin lo más básico para sus asistentes. Woites relató con una angustia que traspasó la pantalla que “tuvimos que salir a pedir que nos donen la comida, porque no teníamos para hacer la comida de ellos”.
Para una institución que brinda contención profesional de alta complejidad, verse empujada a la mendicidad es una condena política ejecutada desde los despachos de la Casa Rosada.
El referente fue tajante al exponer la gravedad del momento: “llegar a la instancia de no poder dar de comer y de tener que hacer trabajar a la gente sin poder pagarle nos obliga a cerrar”.
Un equipo que resiste
Detrás de las frías planillas de ajuste hay 15 trabajadores en Ezeiza que intentan sostener lo insostenible.
Woites destacó que, a pesar de que el personal ve amenazado su propio sustento, “le ponen el hombro día a día con el mismo fervor, el mismo entusiasmo y el mismo profesionalismo”.
No obstante, la mística del equipo no alcanza para cubrir los costos operativos. Actualmente, para estirar la agonía, aplican un esquema de emergencia: “estamos en un plan de suspensión de dos días por semana para abaratar los costos”, una medida extrema donde los propios profesionales “rescinden su salario de los días que suspendemos” para evitar que las persianas bajen definitivamente.
El colapso del sistema
Lo que ocurre en Ezeiza es claramente la consecuencia de un plan económico que ignora el dolor ajeno, en particular dentro del ámbito de la discapacidad.
Woites advirtió que, bajo la mirada indiferente de La Libertad Avanza, “ya cerraron cerca de 50 instituciones” en todo el país. A esta asfixia financiera se suma la amenaza de un proyecto de ley que busca recortar pensiones mediante reempadronamientos obligatorios y fiscalizaciones punitivas.
La sentencia final de Woites impacta como un grito de auxilio para toda la provincia: “ya no se aguanta, ya no tenemos más de dónde sacar, no tenemos fuente de financiamiento”. El gobierno de Javier Milei recorta presupuestos y está desmantelando la red de contención también de los bonaerenses más frágiles.
