La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará este lunes la Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei, el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el ministro de economía, Luis Caputo. Además, la búlgara tendrá una recorrida por Vaca Muerta y posibles reuniones con el presidente de YPF, Horacio Marín, y miembros de otras petroleras que operan en el país.

La llegada de la titular del FMI no representa un simple gesto de cortesía diplomática ni se agota su visita a los yacimientos en Neuquén. Detrás del protocolo, la misión es apuntalar la tercera revisión del Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025), el programa de “estabilización económica” aprobado por el Fondo Monetario Internacional el 11 de abril de 2025. En un escenario donde las proyecciones del Gobierno y las exigencias del organismo han comenzado a bifurcarse peligrosamente. Según el último dossier del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta visita ocurre en un punto de inflexión, marcado por el primer incumplimiento de las metas fiscales tras meses de un ajuste que parece haber encontrado su techo de sostenibilidad técnica.

La aritmética de la imposibilidad y el factor estacional

El informe de CEPA arroja luz sobre una grieta en el relato oficial de la eficiencia fiscal. En junio, el Gobierno registró un déficit primario de $696.843 millones, tropiezo que no es menor, ya que ocurrió después de que el FMI flexibilizara las metas en mayo, reduciendo la exigencia de superávit de $8,5 billones a $6,9 billones. Al cierre del primer semestre, el bache de $573.974 millones respecto al objetivo acordado deja al Tesoro en una posición de vulnerabilidad extrema para la segunda mitad del año.

El análisis de CEPA subraya que, para cumplir la meta de diciembre fijada en $16,3 billones, el Gobierno debería generar $10,0 billones adicionales en un periodo que históricamente es deficitario. La proyección basada en la estacionalidad del año anterior sugiere que al Tesoro le faltarían unos $5,7 billones para alcanzar la cifra pactada. Existe, además, una limitación estructural en la dinámica de ingresos y egresos de la gestión actual, mientras que en los primeros dos años de La Libertad Avanza el superávit se concentró masivamente en el primer semestre, la generación de excedentes en la segunda mitad del año ha sido históricamente menor, lo que torna el cumplimiento de la meta anual en un objetivo “sumamente improbable”.

La disputa por el financiamiento

Otro de los puntos de fricción analizados por CEPA radica en la estrategia de financiamiento para los próximos años. Existe una discrepancia técnica fundamental entre el Programa Financiero del Palacio de Hacienda y las proyecciones del Fondo. Mientras que para 2027 el equipo de Luis Caputo asegura que no prevé realizar nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera, el FMI estipula que la Argentina deberá salir a los mercados internacionales para captar unos USD 8.000 millones ese mismo año.

Esta diferencia de visiones responde a una hipótesis de sostenibilidad financiera, el organismo considera que el país debe normalizar su relación con los acreedores privados para evitar una concentración excesiva de “deuda senior”. Según el análisis de CEPA, el Fondo teme que el incremento de deuda con organismos internacionales —que tiene prioridad de cobro— termine bloqueando futuras colocaciones con el sector privado. Caputo, por el contrario, apuesta a que el mensaje de austeridad y la “no necesidad” de crédito bajen el Riesgo País por decantación, permitiendo un acceso al mercado más barato y voluntario, en lugar de uno forzado por las necesidades de caja.

Reformas en el horizonte: el precio de la supervivencia del acuerdo

Más allá de los números de corto plazo, la visita de Georgieva busca cimentar las reformas estructurales que el organismo exige formalizar antes de que termine 2026. El compromiso incluye una reforma tributaria integral que, según los lineamientos ya adelantados por el Fondo, apunta a una racionalización de gastos tributarios y a una modificación profunda de la base imponible. Entre los puntos más sensibles analizados por CEPA se encuentran la reducción del umbral del Impuesto a las Ganancias para alcanzar al menos al 20 por ciento de la población y el reemplazo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un sistema de IVA dual manejado por las provincias.

En esta misma línea de presión estructural, el organismo ha dejado trazada la hoja de ruta para una reforma previsional hacia finales de 2027, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios, además de una reforma a la Carta Orgánica del BCRA para blindar su independencia. El informe de CEPA sugiere que el Gobierno podría impulsar estos cambios como una forma de “cubrirse” ante probables incumplimientos en las metas fiscales, ofreciendo reformas de fondo a cambio de indulgencia en los saldos de caja.

El buffer de los desembolsos y la soga de los vencimientos

Finalmente, la crónica del futuro financiero argentino se escribe sobre un cronograma de pagos que deja poco espacio para el desarrollo económico. Entre el segundo semestre de 2026 y el año 2029, el país enfrenta una escalada de vencimientos de capital e intereses que superan ampliamente los desembolsos previstos por el propio Fondo.

CEPA advierte que los giros de divisas del organismo cubren apenas el 60 por ciento de los pagos de intereses, funcionando como un simple “buffer” o amortiguador frente a las obligaciones con el resto de los acreedores internacionales. En este contexto, la auditoría de Georgieva en suelo argentino parece ser más una gestión de daños que la celebración de un éxito económico, en un marco donde el equilibrio entre las metas de papel y la realidad social se vuelve cada vez más precario.