La discusión por el avance de la inteligencia artificial llegó de lleno al Senado. Más de treinta organizaciones de la sociedad civil de todo el país le reclamaron a la senadora Patricia Bullrich que frene el tratamiento de las denominadas “Sociedades Automatizadas” y de las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAOs), incluidas en el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades.

Las entidades presentaron una carta abierta ante el Senado, en el marco del expediente PE-193/26, y reclamaron eliminar el artículo 14 y los artículos 258 a 265 del proyecto.

En diálogo con Infocielo Santa Fe, Micaela Sánchez Malcolm, investigadora y profesora de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y exsecretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, explicó que el reclamo de las organizaciones no surge de una discusión reciente, sino de un proceso de análisis que comenzó hace varios meses.

“Gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil vienen desde hace tiempo, desde mediados de junio, trabajando sobre dos proyectos de ley que consideramos bastante críticos”, señaló Sánchez Malcolm.

Según explicó, uno de ellos es el denominado proyecto de “Super RIGI” y el otro es la reforma de la Ley General de Sociedades que ingresó por el Senado.

El foco está puesto en las sociedades automatizadas

Sánchez Malcolm explicó que las organizaciones participaron de las reuniones de comisión, siguieron los debates parlamentarios y realizaron análisis con especialistas jurídicos y tecnológicos.

“En el Senado hemos participado de la discusión en comisiones, hemos seguido los debates parlamentarios y hemos llevado adelante diferentes instancias de análisis con especialistas jurídicos vinculados a tecnología y con diversos perfiles”, sostuvo.

Como resultado de ese trabajo, las entidades ya habían presentado dos documentos ante el Senado. El primero planteaba reparos generales sobre el proyecto, mientras que el segundo proponía modificaciones concretas sobre determinados artículos.

El principal foco estuvo puesto en las Sociedades Automatizadas, las DAOs y también en el artículo 102, que, según las organizaciones, habilitaría el uso de inteligencia artificial en la gestión societaria sin suficientes mecanismos de resguardo.

Para Sánchez Malcolm, la discusión no debería quedar reducida a una cuestión técnica.

“Impunidad artificial”: la advertencia de las organizaciones

Uno de los conceptos más fuertes utilizados por la exfuncionaria para describir el escenario que podría generar el proyecto es el de “impunidad artificial”.

La expresión refiere, según explicó, a un esquema en el que la creciente autonomía de los sistemas tecnológicos podría terminar dificultando la identificación de responsables cuando una decisión automatizada provoque consecuencias concretas.

“Se trata de un marco jurídico que está proponiendo el oficialismo que modifica cabalmente el régimen de responsabilidad de las diferentes sociedades en Argentina”, advirtió.

Y agregó que el proyecto también podría afectar a figuras societarias que ya son utilizadas actualmente, generando nuevas obligaciones y la necesidad de realizar modificaciones para distintas empresas.

¿Qué pasó con el nuevo proyecto?

La carta dirigida a Bullrich también responde a una situación política concreta.

Según Sánchez Malcolm, durante las últimas semanas circuló en el Senado la versión de que el oficialismo estaba trabajando sobre una nueva redacción del proyecto, que eliminaría precisamente el apartado referido a las DAOs y la referencia a las Sociedades Automatizadas.

“Nos pareció oportuna mandar la carta básicamente porque la versión que había circulado en el Senado era que el oficialismo, a través de Patricia Bullrich, estaba trabajando en una nueva versión del proyecto con un nuevo articulado”, explicó.

En esa supuesta nueva versión, agregó, se eliminarían “el apartado quinto, que tiene que ver con las DAOs, y la referencia del artículo 14, que tiene que ver con las sociedades automatizadas”.

Sin embargo, ante la falta de novedades concretas, las organizaciones decidieron volver a poner el tema sobre la mesa.

“Como no hay mayores novedades, incluso en un contexto donde esto pudiera reactivarse, nos parece importante profundizar el posicionamiento de la sociedad civil”, sostuvo.

La advertencia por el control de la inteligencia artificial

El planteo de fondo apunta también al artículo 102 y al uso de inteligencia artificial dentro de las sociedades.

Las organizaciones reclaman que cualquier utilización de IA en la administración empresarial tenga autorización humana previa, documentación y trazabilidad, de manera que exista una persona identificable que pueda responder por las decisiones adoptadas.

La preocupación, según Sánchez Malcolm, forma parte de un debate más amplio que atraviesa distintas iniciativas del Gobierno.

“Hay un andamiaje que viene promoviendo el oficialismo, tanto a partir de lo que fue la discusión sobre la ley de inviolabilidad privada como la discusión que se está dando en torno al Super RIGI y que ya fue aprobado en Diputados y ahora se trata en el Senado, y con la ley de sociedades”, planteó.

Para la investigadora, los distintos proyectos deben ser analizados en conjunto porque podrían configurar un nuevo esquema de responsabilidades y controles.

El reclamo: que el Senado abra el debate

Frente a este escenario, las organizaciones reclaman una audiencia pública antes de que avance cualquier dictamen y piden eliminar las figuras de Sociedades Automatizadas y DAOs del proyecto.

También proponen modificar el artículo 102 para establecer mecanismos de supervisión humana obligatoria y avanzar, en una instancia posterior, hacia una legislación específica sobre entidades operadas por inteligencia artificial.

La propuesta incluye auditorías en tiempo real, seguros obligatorios y mecanismos de responsabilidad solidaria.

Para Sánchez Malcolm, el objetivo es evitar que la innovación tecnológica termine funcionando como una vía para diluir responsabilidades.

“Fundamentalmente se trata de un marco jurídico de lo que hemos denominado ‘impunidad artificial’, que básicamente consolida un escenario de no control, de no resguardo de los derechos de los ciudadanos, de entrega de recursos y también de estabilidad societaria”, afirmó.

Y cerró con una posición contundente sobre el futuro de la iniciativa: “Realmente esperamos que no avance”.

El debate, mientras tanto, vuelve a poner al Senado frente a una discusión que excede la tecnología: cómo adaptar el derecho argentino a sistemas capaces de tomar decisiones autónomas sin convertir esa autonomía en un nuevo mecanismo para escapar de la responsabilidad.