El presidente Alberto Fernández envió al Senado el pliego para designar al juez Alejo Ramos Padilla para ocupar el Juzgado Federal electoral, el juzgado que controla las elecciones en el territorio bonaerense.
Se trata del magistrado que viene llevando la causa por espionaje ilegal en contra de Marcelo D´Alessio, el fiscal Stornelli y el periodista Daniel Santoro.
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Ese cargo está vacante desde 2014 tras la muerte del juez Manuel Humberto Blanco y hoy ocupado de forma provisoria por María Servini de Cubría. El juzgado electoral tiene entre sus manos, por ejemplo, la designación de listas, impugnaciones o investigaciones por fraude electoral. Todo esto, a un año de las elecciones legislativas.
En octubre pasado, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento al fiscal federal porteño Carlos Stornelli,al falso abogado Marcelo D’Alessio y al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión, y dispuso que se inicien los trámites para dar comienzo al juicio oral.
Ramos Padilla acusó a Stornelli como coautor de tentativa de extorsión cometida “en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal” en violación a la Ley de Inteligencia, le ordenó la entrega de su pasaporte y le fijó una caución real de diez millones de pesos, según el fallo de 1125 páginas.
“El accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”, concluyó Ramos Padilla.
El magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D’Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.
“El objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”, advirtió Ramos Padilla.
En ese sentido apuntó que “esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República”, con el objetivo de “evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes jurídicos preciados para el Estado de Derecho, vuelvan a ocurrir”.
A Santoro se le amplió el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y “realización de acciones de inteligencia prohibidas”, según el fallo.
El juez Ramos Padilla sostuvo en sus fundamentos que Santoro y Stornelli eran definidos en la organización ilegal como el “dos por uno” porque las maniobras que los habrían involucrado consistían en “que la víctima declararía primero ante el periodista y luego ante el fiscal”.
Ramos Padilla amplió además procesamientos a D’Alessio, detenido en la causa, Rolando Barreiro, el suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone y al exresponsable de las bases de la Agencia Federal de Inteligencia que funcionaron en el AMBA, Pablo Pinamonti.
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