Después del rechazo en el Senado de la ley que legalizaba el aborto, al menos tres mujeres murieron por abortos clandestinos. La noticia de sus fallecimientos encendió los argumentos de quienes apoyaban la aprobación de la ley, enfatizando que con el rechazo, los abortos seguirían existiendo y con esto, la posibilidad de que mueran más mujeres.
Por esto mismo, un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos denunciará penalmente a los 39 senadores y senadoras que se opusieron al proyecto de ley el pasado 8 de agosto.
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Según los denunciantes, los legisladores incurrieron en el delito de “abandono de persona seguido de muerte”, según establece el artículo 106 del Código Penal.
Lo cierto es que esta acción legal contra los senadores parece ser polémica por el hecho de que está dentro de las reglas del juego del Congreso, aprobar o rechazar proyectos de leyes.
Sin embargo, para este grupo de organizaciones, quienes se posicionaron en contra de la legalización del aborto “sabían” de los riesgos que esto podía generar para miles de mujeres.
Los casos de mujeres muertas por abortos clandestinos que se dieron a conocer fueron la de Liliana Herrera, una joven mujer de Santiago del Estero que falleció días antes de que sesione en el Congreso.
Por su parte, después del 8 de agosto, se dieron los casos de Elizabeth y Romina; la primera fallecida en el Hospital Pacheco de Tigre, tras una complicación por un aborto realizado con tallos de perejil.
El caso de Romina Fernández ocurrió el 13 de agosto, en Pilar, luego de haber llegado en malas condiciones al hospital Sanguinetti. Esa fue la segunda muerte que se con oció tan solo cinco días después de que el Congreso rechace el proyecto de ley.
Las organizaciones de derechos humanos que se presentaron para la denuncia contra los senadores son Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos, Asociación de Abogados Laboralistas, Encuentro Memoria Verdad y Justicia y el Comité de Acción Jurídica, entre otras.
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