El abogado de la adolescente y de su familia, Maximiliano Orsini, cuestionó el fallo y aseguró que buscará alguna vía de apelación, más allá de que en este tipo de juicios no está prevista esa instancia en la provincia de Buenos Aires.
Orsini consideró que el veredicto fue “una vergüenza” y aseguró que “primó el prejuicio social hacia la mujer, por sobre el relato de la víctima en cámara Gesell, la prueba genética existente y el reconocimiento fotográfico de los acusados”.
“El jurado no le creyó a la víctima menor de edad y sí a tres hombres mayores que estuvieron con ella“, señaló, y explicó que ella y su familia “están devastadas“.
Recordó, además, que desde enero de 2020 se opuso a que el juicio se resolviera mediante esta modalidad, por entender que “el procedimiento de juicio por jurados es inconstitucional en el caso de menores abusados”, porque “la sentencia no puede ser apelada y eso viola la doble instancia consagrada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
En ese sentido, adelantó que presentará un recurso de apelación por inconstitucionalidad para poder recurrir el fallo.
Orsini había pedido en su alegato de cierre, en el inicio de la jornada, que los tres imputados fueran condenados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” de la chica.
En la misma línea apuntaron en sus alegatos de cierre durante la mañana de este viernes los fiscales Guillermo Nicora y Ana María Caro.
Tras el fallo, Nicora destacó que “el juicio fue impecable” y que el juez “trabajó fuertemente para impedir que la vida privada de la víctima fuera expuesta” y para que el jurado recibiera “mucha información respecto de la perspectiva de género”.
Sin embargo, el fiscal advirtió que “lo que sí pasa es que la gente no le cree a las pibas, y sigue creyendo que las víctimas inventan las denuncias, y esto es un problema serio de nuestra sociedad”.
El fallo del jurado fue en línea con el pedido realizado en esta última jornada en sus alegatos por los tres defensores –Martín Bernat y Agustín Robbio por parte de Jaime; Marcelo Jiménez por de Villalba; y Noelia Agüero, en el caso de Pitman-, quienes solicitaron que los tres fueran declarados “no culpables”.
Antes del veredicto, los imputados dijeron en sus “últimas palabras” que eran inocentes y expresaron su confianza en el tribunal popular, y luego el magistrado brindó las instrucciones finales a los doce ciudadanos que integraron el jurado popular para que deliberaran.
Pasadas las 18, los integrantes del tribunal dieron a conocer su veredicto tras analizar la prueba ofrecida a lo largo del juicio, entre ellas el testimonio brindado por la víctima, en el que precisó las circunstancias previas a su ingreso a la carpa en la que denunció haber sido abusada durante la madrugada del 1 de enero de 2019, en el camping “El Durazno” de Miramar.
Por parte de los acusados, solo Pitman prestó declaración durante el debate oral, sin responder preguntas, y reconoció haber tenido relaciones con la víctima, pero aseguró que se trató de un acto “consentido”.
El juicio no fue público y tampoco estuvo permitido el ingreso de la prensa por disposición del juez, y se desarrolló en el complejo teatral ubicado en La Rambla marplatense, para garantizar el distanciamiento en el marco de la pandemia del coronavirus.
Al conocerse el fallo, integrantes de movimientos de mujeres y organizaciones de mujeres que se concentraban frente al teatro repudiaron la resolución.
De acuerdo con la instrucción del caso, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, los jóvenes fueron acusados de haber abusado sexualmente de la adolescente entre las 4 y las 6 del 1 de enero, aprovechándose de la edad” de ella y de que “no podía consentir libremente el accionar”.
Los imputados fueron detenidos tras una denuncia radicada por la menor, junto a su madre, en la Comisaría de la Mujer de Miramar, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Esa morigeración quedó sin efecto días atrás, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.
