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Por la muerte de Lucas González, el adolescente de 17 años oriundo de Florencio Varela, ocurrida el 17 de pasado noviembre en el barrio porteño de Barracas, fueron procesados tres policías de la Ciudad de Buenos Aires por el delito de homicidio doblemente calificado, informaron fuentes judiciales.

Para la justicia los policías que atacaron a balazos al auto en el que se movilizaba Lucas procedieron de forma “arbitraria, irracional e ilegal” y que luego “urdieron una trama para tergiversar los hechos”.

La resolución del juez de Instrucción Martín Del Viso recayó sobre los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, a quienes también les trabó un embargo de 1.800.000 pesos sobre sus bienes a cada uno.

“Es histórico. Hace dos semanas era un enfrentamiento, los pibes estaban presos y los policías libres. No salen más”, dijo Gregorio Dalbón.

Según el fallo de 91 páginas el magistrado los procesó por el homicidio doblemente agravado de Lucas “por haber mediado alevosía y por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones”, en concurso ideal con la “tentativa de homicidio agravado por idénticos incisos” de los tres amigos que iban con el adolescente al momento del ataque.

También los consideró “coautores materiales” del delito de “falsedad ideológica” y de la “privación ilegal de la libertad” de los tres chicos que fueron detenidos tras los disparos.

Para el juez, la persecución que terminó con el ataque a balazos fue “arbitraria, irracional e ilegal”. “El personal policial sin motivos suficientes como ya dijéramos y afirmáramos y sin realizar ningún tipo de acto previo (…) tomó la decisión de sobrepasar el vehículo de las víctimas y cruzarlo impidiéndoles el paso. Posteriormente a ello, reitero, sin ningún tipo de dato objetivo que les permitiera inferir que su vida peligraba, optaron por descender del vehículo con el arma en mano en inmediata condición de uso, a plena luz del día en una zona poblada de la Ciudad de Buenos Aires y en el medio de una avenida”, añadió.

“Pero como si esto fuera poco, no solo sin contar con absolutamente ningún dato objetivo, sino sin que su vida corriera riesgo, (…), atentaron contra la vida de quienes circulaban a bordo de ese rodado y culminaron triste y lamentablemente con la vida de un adolescente de tan solo 17 años de edad”, afirmó el juez.

El magistrado hizo “especial hincapié en que se han despejado todo tipo de dudas” respecto a que las víctimas “no contaban con ningún elemento relacionado con un arma de fuego, ni con un elemento contundente que le hubiera permitido al personal policial suponer que podían atentar contra su integridad física”.

“El camino emprendido por los encartados lamentablemente no terminó con la injustificable balacera propinada luego de la arbitraria, irracional e ilegal persecución”, sino que con posterioridad a dicha balacera “urdieron una trama tendiente a tergiversar los hechos, en principio con éxito habida cuenta que los adolescentes fueron privados de su libertad a resultas de las falsedades volcadas en el legajo”, siguió.

“Incluso, se habría plantado la réplica de un arma para intentar dar cobijo legal a su ataque”, señaló Del Viso.

A su vez, el magistrado basó su decisión de que los tres policías continúen detenidos por entender que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

De esta manera, el juez hizo lugar al requerimiento del fiscal Leonel Gómez Barbella, aunque le rechazó dos agravantes: el placer y la premeditación de dos o más personas.

En tanto, la pesquisa continúa con la realización de una serie de peritajes, entre ellos, el análisis de las comunicaciones mantenidas a través de ocho teléfonos celulares, de las imágenes de una cámara de seguridad colocada en una esquina de Barracas y la reconstrucción del hecho.

Esta última se llevará a cabo hoy luego de que el martes pasado se suspendió a raíz de una presentación de la defensa de los tres policías ahora procesados.

Mientras espera realizar esa diligencia, el Ministerio Público analiza otras medidas para avanzar en posibles nuevas imputaciones a efectivos que acudieron al lugar y presuntamente colaboraron para fraguar la escena del hecho y encubrir el accionar de los autores.

Por el caso, hay otros seis efectos de la Policía de la Ciudad que están detenidos e imputados de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento agravado, amenazas y odio racial”.

Se trata de los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el director Héctor Cuevas y los oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño.