Tras lo ocurrido en Pergamino, donde un profesor fue agredido por un alumno y su madre, los principales gremios docentes de la provincia repudiaron lo sucedido y pidieron al Ejecutivo Bonaerense que implemente estrategias que resguarden a los trabajadores de la educación. La frecuencia de estos hechos, a nivel nacional, derivaron en la presentación de un proyecto de ley para erradicar la violencia del ámbito escolar.
Los primeros en manifestarse contra el ataque que recibió
Ricardo Fusco y que le provocó lesiones en su rostro, en la cabeza y pérdida el conocimiento, fueron los docentes nucleados en la Federación de Educadores Bonaerenses.
Mirta Petrocini, en nombre de la FEB, se solidarizó con la familia del director de la ESB Nº 11 y exigió “resguardo para llevar adelante nuestra tarea, ya considerada de alto riesgo, con secuelas físicas y psíquicas”, al tiempo que adelantó que “el gremio ya dio inicio a las acciones legales pertinentes”, ante el Dr. Oldani, fiscal del Fuero Penal Juvenil.
Sobre la violencia que se registra en las aulas, Petrocini remarcó que “hay una evidente falta de protección a los docentes, que deben desarrollar su trabajo en un clima de agresividad e incertidumbre, sufriendo casos extremos de violencia como el sucedido ayer”.
Ademas, denunció que estas situaciones “provocan trastornos postraumáticos y enfermedades psicosociales, que al día de hoy no se las considera como enfermedades profesionales y no están contempladas en la Ley de Riesgos de Trabajo”.
Por su parte, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, le dijo a INFOCIELO que a nivel provincial no existen estadísticas certeras sobre la cantidad de casos que se han registrado en las escuelas, aunque resaltó que “es frecuente que ocurran hechos que no deberían existir”.
“Se dan situaciones entre alumnos, con alumnos y docentes, y con algún familiar que interviene, como pasó en Pergamino” y agregó que se trata de un “hecho repudiable”.
Baradel, aunque en este caso a través de un comunicado, se sumó al reclamo de la FEB y exigió al gobierno que encabeza Daniel Scioli, que “hagan algo para garantizar la integridad psicofísica de docentes, auxiliares de la educación y alumnos en general”, porque “la escuela tiene que ser el lugar en el que tanto alumnos como docentes nos sintamos amparados”.
Agresiones en el territorio nacional
Dada la cantidad de casos que se registran a nivel nacional, la Unión Docentes Argentinos (UDA), tomaron a 2000 trabajadores de la educación, de 17 provincias, y realizaron –entre mayo y junio- una encuesta sobre violencia escolar. Los datos arrojan que “el 70 por ciento de los docentes están preocupados por los hechos de violencia física y verbal cada vez más frecuentes en las aulas”.
Asimismo, ante la pregunta de cómo se sentían frente a situaciones de intimidación en el establecimiento escolar, el 48% contestó “desprotegido”; el 42%, “algo protegido”, y sólo el 10% dijo “protegido”.
Coincidiendo con el planteo de los gremios bonaerenses, Sergio Romero, secretario general de UDA, explicó a La Nación, que “el docente promedio se jubila a los 60 años, pero llega a los 50 años con un grave deterioro físico, por eso afirmamos que tres de cada cinco docentes están con licencia psicológica, porque han debido enfrentar algunos de estos hechos violentos”.
Como resultado de esta encuesta, y ante la constante preocupación por el deterioro en la salud de los trabajadores de la educación, el gremio presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, para que cada provincia cree un Equipo Interdisciplinario Centralizado Jurisdiccional para la Erradicación de la Violencia en el Ámbito Escolar.
El objetivo del mismo, es “atender los conflictos de convivencia y la violencia en las escuelas”, como así también “propender a la paz, a la formación en los Derechos Humanos, en valores de libertad, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, generar un clima escolar adecuado y mejorar la calidad educativa”.