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El titular del bloque PRO-Peronista de la Cámara Baja, Marcelo Di Pascuale, le reclamó al Ejecutivo que “sincere” las pautas del Presupuesto para el próximo año, y criticó que la Provincia avanza “con viejas soluciones: recurrir a la mayor presión fiscal” para solucionar los problemas económicos, “porque Daniel Scioli sigue en la misma postura: servil al gobierno nacional”.

“Se recurre a la mayor presión fiscal: revalúo inmobiliario; una cuota más para las patentes; pedido de financiamiento y un importante aumento de Ingresos Brutos a las Pymes, con lo cual se marca una fuerte política recesiva, porque estamos castigando a la Producción y a la pequeña y mediana empresa”, se quejó di Pascuale, al ser consultado sobre la posición de su bloque ante el proyecto de Presupuesto y Reforma Fiscal que elevó el ejecutivo.

En declaraciones a QM Noticias, el legislador dijo haber visto “una mirada muy corta” por parte del Ejecutivo, sobre los números de la Provincia de Buenos Aires. &feature=plcp” target=”_blank”>-VER VIDEO CON LA ENTREVISTA COMPLETA-

“Nos presentaron un Presupuesto con un superávit operativo de $6.700 millones de pesos. Lo primero que pedimos es transparencia, sinceridad. Este Presupuesto tiene un 75% en sueldos, se cae de maduro que en febrero viene el primer problema con los maestros. Un Presupuesto sin pauta salarial en la Provincia de Buenos Aires, con el 75% del mismo en sueldos, es un sueño”, afirmó Di Pascuale.

En ese contexto, el legislador de la oposición le pidió “sincerarse” tanto “al jefe de Gabinete (Alberto Pérez) como a la Ministra (de Economía, Silvina) Batakis, porque sino, nos están vendiendo el relato que no se creen ni ellos, menos lo vamos a creer nosotros que somos la oposición”.

“Los comedores hace 8 meses que no cobran; los hospitales públicos dan lástima; la Provincia está quebrada, Scioli no sabe qué hacer para pagar los sueldos” aseguró Di Pascuale, como prólogo para recordar que en la Cámara Baja, “48 diputados de la oposición firmamos un proyecto para denunciar el pacto fiscal, y aún no escuchamos al Gobernador decir una sola palabra”.

Según el titular del bloque PRO-Peronismo, Scioli no habla del tema porque “sigue en la misma postura servil al gobierno Nacional”.

“La idea es ayudar al Gobernador lo máximo posible, pero tampoco podemos permitir que siga con la mayor presión fiscal”, concluyó Di Pascuale.

Carlos Gorosito, jefe comunal de Saladillo, consideró que “apoyamos cualquier iniciativa para infraestructura en educación”, aunque cuestionó el dinero que recibirán correspondientes al Fondo Educativo, monto destinado a la realización de obras escolares: “lo que nosotros necesitamos son fondos para obras municipales”.

“Si se va a distribuir entre los municipios lo vemos con buenos ojos, pero el Fondo Educativo que se va a repartir es una competencia de Provincia con la Nación”, señaló Gorosito, quien agregó “lo que nosotros necesitamos son fondos para obras municipales, esto no modifica nada”.

En el día de ayer, mientras la ministra de economía de la Provincia, Silvina Batakis, se reunía con legisladores para analizar el Presupuesto 2013, llegó la noticia que el Presupuesto de la Nación, para el año que viene, establecía que el Fondo Educativo que corresponde a Buenos Aires se repartirá también entre los municipios.

Teniendo en cuenta la crisis financiera que padecen los distritos bonaerenses, en diálogo con INFOCIELO el intendente consideró que “apoyamos cualquier iniciativa para infraestructura en educación, ya sea provincial o nacional, pero en nada beneficia a las finanzas de los municipios”.

Gorosito es uno de los tantos intendentes – en este caso radical – que expresaron su enojo ante las reiteradas reuniones llevadas a cabo por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con intendentes afines al gobierno nacional para la realización de obras “somos discriminados, por eso insisto en que no hay cambios en ese sentido, está claramente demostrado que nosotros no tenemos obras como en otros distritos”.

“El año pasado sucedió lo mismo porque la Dirección General de Escuelas había determinado obras con financiamiento de Nación, obras ya programadas”, remarcó el intendente, y aclaró “ahora tenemos una obra parada por falta de recursos de la Provincia y nosotros tuvimos que salir a hacer una escuela de estética, con fondos propios, porque la comunidad lo requería”.

La Senadora provincial y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, Malena Baro, cuestionó la avanzada del Gobernador en materia de presión fiscal a los contribuyentes de la Provincia, le reclamó que “tome la decisión política de plantarse ante el Gobierno Nacional y reclamar lo que efectivamente le corresponde a la Provincia”, y advirtió que algunas de las medidas incorporadas a la Ley Fiscal son recesivas, y provocarán una contracción de la actividad económica en algunas áreas claves, como el de la construcción.

“Preocupa por dónde encara (Scioli) la búsqueda de recursos, para paliar parte de sus necesidades de financiamiento”, aseguró Baro, tras analizar el Proyecto de Presupuesto y Ley Fiscal que remitió el Ejecutivo y que, ahora, deberá ser aprobado por el parlamento provincial.

En declaraciones formuladas en el Programa Lado P, por QM Noticias, la legisladora cuestionó la “pérdida periódica de recursos, que tienen su origen en la apropiación del Gobierno nacional”.  &feature=plcp”>VER VIDEO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

Entre ellos, mencionó “la subsistencia del Fondo del Conurbano bonaerense que terminó siendo un fondo para todas las Provincias, menos para la de Buenos Aires, por lo que se pierden unos $5000 millones; el Impuesto al Cheque que se creó en emergencia y con carácter transitorio y que se mantiene, y hace perder a al provincia, $1.400 millones” a los que habría que sumarle otros “$7000 millones de pesos que la Provincia pierde por el incumplimiento de la garantía de Coparticipación y unos $5000 millones por el pacto fiscal”.

“Son más de $16 000 millones de pesos de pérdida del a Provincia de Buenos Aires, sólo durante el año 2011, cuando el Gobernador está planteando para el ejercicio inmediato siguiente, una necesidad de financiamiento de $13.700 millones”, sostuvo Baro.

En ese marco, se preguntó “¿Qué hace Scioli?”, para responderse: “avanza en un engorroso endeudamiento que sólo es para financiar en su gran mayoría gastos corrientes (menos del 30% de lo que pide es para infraestructura); y aumenta la presión al contribuyente”.

“Scioli tiene la posibilidad de alinearse con los gobernadores que empiezan a ver que estas políticas de centralización de recursos del Gobierno Nacional no son buenas porque generan una fuerte dependencia”, sostuvo la legisladora, que rechazó además que eso pueda perjudicarlo al gobernador porque –dijo- “la sumatoria de Provincias de tal envergadura (con ese tipo de planteos) no le permitirán al Gobierno nacional tener un manejo tan arbitrario en ese sentido”.

La senadora radical dijo, además, que “es fundamental una señal” de Scioli “en ese sentido”, porque hasta ahora, “lo único que estamos viendo es una mayor presión tributaria a los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires”.

“Este no es un problema de los ciudadanos de la Provincia, es un problema del Gobernador con el Gobierno nacional, en términos de tomar la decisión política de plantarse y reclamar lo que efectivamente le corresponde”, aseguró.

Finalmente, Baro alertó sobre las consecuencias negativas para la economía bonaerense, de algunas medidas incorporadas en la Ley Fiscal, como la eliminación de algunas exenciones.

“Se han tomado decisiones regresivas, como aplicar una alícuota del 4% a la Construcción, eliminando la exención. Aquellas actividades que han encontrado una mejora de su actividad, van a sufrir la eliminación de la exención, que va a provocar una contracción de la actividad económica”, concluyó.

Se realizará el próximo lunes 15 una charla-debate acerca de la reforma del Código Civil y Comercial de la Argentina, actualmente en discusión en el Congreso de la Nación. El encuentro contará con la presencia de la diputada nacional Liliana Parada (UP-FAP), integrante de la “Comisión Bicameral de la Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación”, en representación del Frente Amplio Progresista (FAP).

La jornada, que se desarrollará en el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, se inscribe en el marco del Ciclo de Charlas coordinadas por Adolfo “Fito” Aguirre, coordinador de la UP de la Provincia de Buenos Aires y dirigente nacional del partido, y será coordinada por el dirigente local Marcelo Ponce Núñez.

Sobre la temática, Ponce Nuñez consideró que debemos tomar conciencia que “se trata de una de las leyes que más influyen en el cotidiano de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Se regulan desde sus normas el status de persona, la familia, las obligaciones en general y particular, los contratos o la propiedad”.

“Este derecho a la propiedad –agregó- ha estructurado a nuestro país desde su creación y se pretende que lo haga en lo futuro. Hace a los principios más liberales, dejándose totalmente de lado todo aquello que tenga que ver con lo social, y despreciando además el principio de que la idea de la propiedad debe tener un fin colectivo”.

El dirigente de la UP de La Plata graficó que “se legisla sobre los countries, más no se lo hace sobre la villas. Que se legisla sobre los cementerios privados, más no se lo hace sobre las fosas comunitarias. En definitiva si bien es una necesidad la unificación de los códigos civil y comercial, también lo es reconocer realidades que nacen desde los que menos tienen”.

 

Empleados municipales mostraron su descontento debido a la publicación en internet de los sueldos que percibe todo el personal que presta funciones para el Gobierno municipal.

Según se informó a LB24, un grupo de trabajadores ha mostrado su descontento ante el gremio que lo agrupa e incluso llevan a cabo una junta de firmas con el objetivo de que se retrotraiga la medida.

Los sueldos se encuentran publicados en el sitio de internet Gobierno Abierto, lanzado por el mismo Intendente Gustavo Bevilacqua días atrás.

Al respecto, el Jefe de Gabinete Gustavo Mena sostuvo que se trata de una herramienta que los vincula con una nueva forma de gobierno, aseguró que esperaban recibir algunas críticas pero detalló que el objetivo es generar mayor confianza con los vecinos de Bahía Blanca.

Finalmente, el funcionario dijo que a veces hay que “ceder” en algunas cuestiones para lograr un objetivo común, que en este caso es una nueva forma de gobierno.

El Intendente de San Nicolás Ismael Passaglia, anunció la implementación del «Programa Municipal de Alerta Comunitaria», por el cual los vecinos podrán alertar sobre la comisión de ilícitos a través de una alarma que podrán activar ellos mismos.

En particular, el Intendente expresó que “el reclamo número uno de la gente es por mayor seguridad”. “Si bien es un tema provincial, desde el municipio se ha tomado la decisión de afrontar esta problemática de la inseguridad, colaborando con la Policía a través de la incorporación de vehículos y haciéndonos cargo de su mantenimiento y los gastos de combustible. Por ello se decidió incorporar equipos de GNC a los nuevos patrulleros”, explicó Passaglia.

En este sentido, anunció que este lunes será elevado al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la implementación del Programa Municipal de Alerta Comunitaria, por el cual se invita a las comisiones vecinales y a los vecinos de los barrios a que incorporen un sistema de alerta visual y sonora que ellos mismos podrán activar con un control remoto, frente a un eventual caso de inseguridad.

“Es decir que un vecino que se encuentra en un caso de riesgo, puede activar una alarma que suena en toda la cuadra y además da aviso inmediato a la Policía, para que el patrullero más cercano llegue rápidamente”, explicó Passaglia.

El servicio, que une las estaciones Once con Moreno, se encuentra totalmente interrumpido por la medida de fuerza gremial tomada por los ferroviarios que supervisan las tareas del resto de los empleados.

El delegado Gustavo Sumo explicó que el paro fue anunciado a la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS) y al ministerio de Trabajo, ante la suspensión de las negociaciones paritarias y la no firma del convenio colectivo.

Sin embargo, la UGOMS informó que la medida fue sorpresiva y en reclamo por la suspensión de un trabajador investigado por un descarrilamiento ocurrido el viernes pasado.

La empresa aclaró que “de no detectarse negligencia alguna por parte del trabajador en relación directa al incidente, la empresa lo reincorporará y cumplirá con todas las obligaciones salariales”.

Además, la UGOMS calificó a la medida de fuerza que afecta a miles de pasajeros de “arbitraria y unilateral”.

La Cámara de Diputados de la Nación, en su sesión de ayer, luego de haber considerado el Presupuesto para el 2013, consideró otros proyectos. Aprobó con el voto del Frente para la Victoria-Partido Justicialista y aliados, el desmembramiento del Juzgado Federal de Junín y la instalación de uno nuevo en Pehuajó.

El proyecto deberá pasar ahora a consideración de la Cámara de Senadores. Durante la semana anterior una delegación de Trenque Lauquen se reunió con el Consejo de la Magistratura, con el objeto de exponer su posición para que se instalara en este distrito, donde hay una sede Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Si bien ese encuentro había generado expectativas, con esta aprobación por parte de la cámara baja, todo hace pensar que las gestiones realizadas por el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, resultaron exitosas, desplazando a Trenque Lauquen de la posibilidad de contar con dicho Juzgado. De todas maneras, habrá que esperar el trámite en la cámara alta y luego, de ser aprobado, la promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Trabajadores municipales de Esteban Echeverría anunciaron en las últimas horas la posibilidad de convocar a un paro ante la falta de respuestas de la comuna sobre el retraso de varios meses en el pago de las horas extras.

Según el dirigente sindical Adrián Gouin, el municipio a cargo de Fernando Gray debe entre cuatro y cinco meses de horas extras ya trabajadas a los empleados, lo que significa una suma de entre 600 o 700 mil pesos en su conjunto.

“No hay diálogo con el gobierno porque los secretarios de Hacienda y Gobierno no quieren hablar más del tema por orden del Intendente”, consignó el sindicalista al portal de noticias, Inforegión.

La declaración de Gouin tiene lugar un mes después de que el Sindicato de Trabajadores Municipales y la CICOP de Esteban Echeverría, además de varios vecinos, realizaran un “abrazo” al Hospital Santamarina en reclamo de mejoras edilicias, y el pago de horas extras.

En aquella oportunidad los trabajadores pidieron también la declaración de emergencia sanitaria para aumentar las paritarias en el área de Salud y una entrevista con el propio Fernando Gray. Nada de eso ocurrió.

El gobierno del intendente de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua, y el Sindicato local de Trabajadores Municipales acordaron tras dos semanas de negociaciones un aumento del 9 por ciento del salario básico, además de un ordenamiento en el escalafón de categorías.

Con los incrementos otorgados en febrero y junio, de un 9 y un 7 por ciento respectivamente, los empleados del municipio completarán hacia fin de año un 25 por ciento de alza en sus haberes, de acuerdo a lo convenido en el Consejo del Salario Nacional.

En declaraciones al diario La Nueva Provincia, el jefe de gabinete, Gustavo Mena, consideró que la paritaria fue un proceso “beneficioso y constructivo” que no sólo aumentará el poder adquisitivo de los trabajadores sino que además implica una mejora en las condiciones laborales.

En efecto, según se difundió, el municipio realizará una incorporación gradual de 305 empleados temporarios a planta permanente y una readecuación de la situación de más de 180 becarios, muchos con una antigüedad superior a la establecida para esa categoría.

En la actualidad, existen en el municipio 1550 trabajadores de planta permanente y 700 temporarios. Asimismo, los sueldos varías según las categorías. Desde el intendente que cobra 48.515 pesos hasta un empleado de las categorías más bajas, cuyo salario se ubica entre los 2.700 y 5.200.