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La Suprema Corte bonaerense licenció de forma forzosa y ordenó radicar denuncia penal por la posible comisión de delitos de acción pública, contra dos juezas nombradas por la gestión de María Eugenia Vidal, con aceitados vínculos –familiares- con funcionarios claves del Gobierno porteño, a cargo de Rodríguez Larreta.

Se trata de las juezas Jorgelina Hidalgo y Daniela Sandra Metta, integrantes ambas del Tribunal de trabajo 3 de Campana, quienes entraron en funciones el 1 de octubre de 2019. Sobre ambas pesan sospechas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, básicamente vinculadas a sus reiteradas faltas y a la presunta falsificación de documento público, derivado de acciones para ocultar dichas ausencias.

Las irregularidades habrían surgido tras la renuncia de un funcionario judicial que prestaba servicio en ese Tribunal, quejoso –según pudo reconstruir INFOCIELO- “por el funcionamiento” del organismo, en el que se desempeñaba en el cargo de Secretario.

En las últimas horas, con la firma de la totalidad de sus integrantes, el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia ordenó la “licencia forzosa” de las magistradas. Incluso abrió las puertas a la presentación de una denuncia penal contra las funcionarias del Poder Judicial, tras comprobar que “los hechos investigados, pueden constituir delitos de acción pública”.

En una resolución de dos carillas, la Corte Bonaerense interpretó que hay fundamentos para afirmar que las Juezas ahora licenciadas, “incurrieron en faltas graves en sus funciones, que trasuntan una importante afectación a la recta administración de Justicia”.

En ese marco, recurrió a una figura legal establecida para aplicar en denuncias contra magistrados, que dispara una acción de “apartamiento preventivo”. Se trata, en los hechos, de una “licencia forzosa” de los jueces sospechados, por el tiempo que demande el jurado de enjuiciamiento.

Además de la licencia “por 90 días”, el Máximo tribunal de Justicia bonaerense ordenó “al titular de la Subsecretaría de Control disciplinario, que realice la pertinente denuncia penal” ante la posible comisión de un delito de acción pública.

De esa forma la Corte bonaerense dictaminó en el marco de una presentación que señala a las magistradas, en la comisión de presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. Al frente del tribunal quedó únicamente la doctora Mariana Lucía Lirusso.

Aunque el tenor de las denuncias permanece en reserva, según pudo averiguar INFOCIELO de fuentes vinculadas a la investigación, las juezas no concurrían a cumplir con sus funciones específicas, e incluso se estudia la presunta falsificación de la documentación para ocultar la ausencia.

APARTAN A DOS JUEZAS MACRISTAS POR NO IR A TRABAJAR by Eduardo Médici on Scribd