La causa por la presunta venta ilegal de terrenos municipales y particulares en Olavarría sumó un nuevo capítulo escandaloso este martes. A la dramática situación protagonizada ayer por Claudio Peralta, uno de los imputados del caso, quien se atrincheró dentro de un comercio con una cuchilla y amenazó con suicidarse, se sumó la noticia de las amenazas de las que fue víctima la fiscal del caso, Dra. Paula Serrano, quien recibió “una carta anónima coactiva” horas antes del primer suceso.
La novedad fue dada a conocer por el Fiscal General de Azul, Dr. Marcelo Sobrino, quien una entrevista con LU 32 Radio Olavarría, reveló que la titular de la UFI 4 de Olavarría que lleva adelante la investigación por presuntas “estafas reiteradas” recibió una nota anónima con una serie de “exigencias”.
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“Le llegó a la doctora Serrano una carta anónima, coactiva, exigiéndole a la fiscal determinadas medidas y que si no iba a tener consecuencias. También la citan en un bar para el día de ayer – lunes- a las once de la mañana. Por supuesto la Dra. Serrano avisa de la situación y no concurre, más allá que se hayan tomado medidas sobre que personas pudieron concurrir, vehículos y demás. Mandamos a formar una causa” explicó el Jefe de los Fiscales de Azul.
Marcelo Sobrino agregó que a las pocas horas del envío de la carta intimidante hacia la agente fiscal de Olavarría, “se da esta situación en la Peralta. Aparece en un kiosco con un cuchillo no cometiendo ningún delito respecto a otras personas sino en una situación de posible suicidio, exigiendo determinadas medidas” dijo.
“Se tuvo que llamar a un negociador, hay un protocolo que respetar porque lo primero es salvaguardar la vida de la persona. Se lo lleva el servicio de salud Mental tal como es el protocolo y ahí ya actúan los profesionales. Salvo que surja un delito conexo- que alguien lo haya inducido al suicidio que si es un delito- lo que hizo no está penado por la ley. No es que fue detenido” completó.
El fiscal General habló sobre los reclamos del Frente de Todos
Durante la entrevista radial, Marcelo Sobrino se refirió a las quejas de los concejales del Frente de Todos por la falta de avance en la investigación que salpica al gobierno del intendente Ezequiel Galli, ya que uno de los imputados era asesor municipal y al propio Claudio Peralta se lo señala como una suerte de “puntero político” del oficialismo, algo que el gobierno municipal niega sistemáticamente.
“Entiendo la situación y algún tipo de exigencia que haya respecto a una solicitud de celeridad de la causa pero hay un tiempo que marca el mismo código de procedimiento” remarcó.
Y agregó: “Lo del bloque del Frente de Todos es legítimo lo que piden” dijo pero aclaró que no corresponde la comparación de los pedidos de celeridad entre la causa por la venta ilegal de terrenos y la represión policial contra vecinos y periodistas tras la retención del hombre atrincherado.
“Durante todo el año se han tomado medidas. Han tomado testimoniales cada dos días, allanamientos, se secuestraron teléfonos pero hay que enviarlos a peritos para que hagan una apertura y hagan una investigación y eso tarda mucho. Recién ahora recibieron informes parciales de algunos de los teléfonos” precisó.
El escándalo de la venta ilegal de terrenos en Olavarría
Meses atrás, la denuncia por una serie de estafas reiteradas por la venta ilegal de terrenos sacudió al Municipio de Olavarría.
El escándalo tomó volumen a raíz de la proliferación de casos de vecinos que fueron víctimas del engaño. Los damnificados, entregaron importantes sumas de dinero como parte de los trámites iniciales para la compra de terrenos privados y fiscales.
En la supuesta operatoria, siempre aparecía un mismo interlocutor, identificado como Claudio Ariel Peralta. El apuntado, se presentaba ante los interesados como un dirigente barrial con amplia llegada a funcionarios municipales y mostraba una red de contactos con una escribanía en la que se iniciaban los trámites.
Tiempo más tarde, se virilizaron una serie de audios en los se insinuaba una operatoria que involucraba a empresarios de la noche, funcionarios o allegados al Municipio.
A raíz del escándalo, se inició una investigación judicial. En la causa por “estafas reiteradas”, fueron imputados el propio Peralta y Mariano Ciancio, un dirigente barrial que se sumó a la gestión del intendente Ezequiel Galli como Asesor Municipal en la secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que conduce Diego Robbiani.
Debido a la acusación, el municipio suspendió al asesor al tiempo que se presentó como “particular damnificado” dado que entre los 23 inmuebles identificados por la Justicia como objeto de estafas, se encuentran dos terrenos pertenecientes al erario de la comuna.
A nivel político, el escándalo derivó en una comisión investigadora en el HCD impulsada por el Frente de Todos, que tras meses de recolectar testimonios elaboró un informe que fue elevado a la fiscal de la causa, Dra. Paula Serrano.
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