Tras idas y vueltas, la Justicia ejecutó este viernes en Olavarría la orden de desalojo del predio municipal que había sido tomado meses atrás por un grupo de más de veinte familias con graves carencias habitacionales.
La medida se resolvió sin inconvenientes ya que en el lugar no quedaban ocupantes. En el terreno emplazado en las inmediaciones del barrio Lourdes, apenas se observaban algunas de las carpas que habían sido montadas durante el momento de mayor conflictividad de la toma.
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La medida de desalojo dio inicio cerca de las 09:00, con un importante operativo que incluyó presencia policial, judicial y municipal. Varias maquinarias del gobierno de Ezequiel Galli fueron utilizadas para un primer acondicionamiento del predio: “Estamos haciendo unas obras de inutilización del lugar” indicaron funcionarios municipales.
En diálogo con los medios, el secretario municipal de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de Olavarría, Diego Robbiani, señaló que la recuperación del predio se produjo “luego de un trabajo intenso de tres meses que se hizo con el Municipio, la Justicia y la Provincia. Hemos podido desalojar el predio de manera pacífica, sin gente. Ahora estamos haciendo unas obras de inutilización del lugar porque es una zona baja, un desagüe de la ciudad y no se puede habitar” dijo.
Sobre la situación de las familias que en algún momento tomaron las tierras explicó: “Se acordó un trabajo a largo y mediano plazo. Se habló con las familias y comprendieron que esta no era la manera. Nadie quiere la toma como una forma de presión. Se hizo y se está haciendo un trabajo social con visitas a las familias. En algunos casos se han comenzado a entregar algunos terrenos o materiales y vemos cuales son las situaciones de vulnerabilidad de cada familia” remarcó.
En este sentido, Robbiani indicó que “primero hubo una reunión con doce familias que fueron relevadas por la Justicia y que derivó en esa reunión con la provincia, la justicia y el municipio con las que acordamos trabajar. Luego nos juntamos con otras diez familias más que no habían sido relevadas con las que hicimos entrevistas y con las que seguimos trabajando” sostuvo.
En tanto, algunos allegados a las personas que no acordaron retirarse en la primera instancia y habían permanecido hasta el último momento en la toma indicaron que “en algunos casos hubo respuestas parciales como entrega de materiales de construcción y a otros les ganaron por cansancio cuando se debilitó la toma” expresaron.
Lo concreto es que el terreno fue devuelto al Municipio, quien de ahora en más realizará trabajos para la “inutilización” de la zona, dado que consideran que construir en el lugar calificado como una zona baja y de desagote implicaría que “se inunden los barrios aledaños”.
LA CRONOLOGÍA DE LA TOMA DE OLAVARRÍA
La toma de terrenos en Olavarría se inició a comienzos del mes de abril. Tras la denuncia penal del intendente Ezequiel Galli, hubo una presentación de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires para que se aplicara el protocolo de desalojo elaborado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La medida derivó en la conformación de una Mesa de Diálogo entre diferentes actores políticos (Municipio, subsecretaría de Hábitat de la provincia, Defensoría del Pueblo) que, tras semanas de negociación, permitió alcanzar un acta acuerdo con los delegados vecinales.
Se consensuó que el Municipio buscaría soluciones a las familias censadas que se encontraban dentro del Registro Habitacional y los ocupantes se comprometían a dejar el predio y se avanzó con los representantes del grupo.
Pero un grupo de familias, desconoció lo pactado y acusó a los delegados de hacer arreglos individuales o para sus allegados. Ese grupo, integrado en su gran mayoría por mujeres con sus pequeños hijos, mantuvo la ocupación por varias semanas más, hasta que finalmente se retiraron del lugar.
A comienzos de junio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés “Cuervo” Larroque, recibió al intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, con el fin de destrabar la toma de tierras municipales y abordar la problemática habitacional del distrito. En paralelo, un recurso de apelación judicial presentado por la Defensoría Pública postergó el desalojo y lo derivó a la Cámara de Apelaciones de Azul.
La situación judicial se destrabó en las últimas horas y este viernes pudo concretarse la orden de desalojo.
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