La Municipalidad de San Nicolás aplicó una multa millonaria y ordenó el cierre de seis depósitos de la empresa MoviPort, cuyo director es el concejal libertario Federico Chouhy, quien denunció una trama de persecución política por parte del clan Passaglia. El conflicto entre la Municipalidad de San Nicolás y MoviPort S.A. ingresó en una etapa de máxima tensión institucional.
La crisis se desencadenó a partir de la decisión del Juzgado de Convivencia y Faltas de la Municipalidad de San Nicolás de disponer la clausura definitiva de seis depósitos de la firma MoviPort S.A. y aplicarle una multa de 70.005.474 pesos. Una medida fundada en presuntas infracciones a la Ordenanza N° 10.238/21 y en la existencia de supuestas deficiencias técnicas vinculadas a la seguridad y al ambiente.
Desde la empresa sostienen que la resolución carece de nuevos elementos de prueba y que reproduce los mismos argumentos que habían sido desestimados por el Juzgado Correccional al dejar sin efecto la clausura preventiva.
La secuencia de los hechos generó fuertes cuestionamientos sobre el respeto a las decisiones judiciales y sobre el alcance del poder de policía municipal. La resolución fue emitida sin que mediara ningún hecho nuevo ni evidencia adicional que justificara un cambio de criterio, situación que califican como un hecho de “gravedad institucional” y un “nivel de impunidad e ilegalidad nunca visto”.
El conflicto, además, incorporó un fuerte componente político. El director y accionista de MoviPort S.A. es Federico Chouhy, actual concejal de La Libertad Avanza y principal referente distrital del espacio en San Nicolás.
En ese marco, Chouhy sostuvo que “lo que está ocurriendo excede por completo una discusión administrativa y constituye una clara persecución política contra quienes representamos una alternativa al oficialismo local”.
Asimismo, afirmó que “resulta llamativo que, apenas 48 horas después de que la Justicia calificara de arbitraria la clausura preventiva, el Municipio insista con una nueva resolución basada en los mismos argumentos y sin aportar una sola prueba nueva”.
Desde la empresa consideran que existe “persecución política”, al entender que las decisiones administrativas adoptadas exceden una mera discusión técnica y terminan afectando al principal dirigente opositor al clan Passaglia y potencial candidato a intendente.
“Cuando se utilizan las herramientas del Estado para intentar disciplinar o perjudicar a un adversario político, se está frente a un hecho de enorme gravedad institucional”, señaló Federico Chouhy, quien además advirtió que “el mensaje que se envía es muy preocupante para cualquier empresa que quiera invertir en San Nicolás”.
Las críticas apuntan especialmente a que el cierre definitivo fue dispuesto apenas 48 horas después de que el Juzgado Correccional dejara sin efecto la clausura preventiva por considerarla “arbitraria”, sin que se hayan incorporado nuevas pruebas o elementos que justificaran una modificación sustancial del escenario.
MoviPort S.A. es una firma con una larga trayectoria en San Nicolás y mantiene vínculos comerciales con importantes empresas nacionales e internacionales. Por eso, desde la firma advierten que la continuidad del conflicto no sólo compromete su funcionamiento, sino que además puede generar un fuerte deterioro en la confianza de clientes e inversores.
“La seguridad jurídica es una condición indispensable para el desarrollo productivo. Ninguna empresa puede desenvolverse normalmente si las reglas cambian de manera arbitraria o si las decisiones administrativas parecen responder a motivaciones políticas”, expresó Federico Chouhy en su carácter de presidente de la empresa.
La preocupación también alcanza al plano social. La empresa sostiene que alrededor de 250 familias dependen de manera directa de su actividad, además de otros 150 puestos de trabajo indirectos vinculados a la operación logística y comercial.
La principal preocupación son los trabajadores y susfamilias. Detrás de cada resolución administrativa hay cientos de personas que dependen de esta actividad para sostener sus hogares. “Vamos a seguir utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender la empresa, los puestos de trabajo y el derecho a desarrollar una actividad lícita”, insistió Chouhy.
La paralización de las actividades durante más de dos semanas ya encendió alarmas entre los gremios, que solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo ante el riesgo de pérdida de fuentes laborales. En este contexto, el caso dejó de ser únicamente una disputa administrativa para transformarse en un conflicto de fuerte contenido institucional y político.
Las denuncias por abuso de poder, afectación a la propiedad privada y presunta persecución política suman un nuevo elemento de preocupación en una ciudad donde el debate sobre la seguridad jurídica y las condiciones para el desarrollo de inversiones comienza a ocupar un lugar central.
La empresa prepara nuevas presentaciones judiciales y denuncias penales contra funcionarios intervinientes. “No vamos a naturalizar este tipo de prácticas ni a aceptar que se avance sobre una empresa y sobre cientos de trabajadores por razones ajenas a la legalidad”, concluyó Federico Chouhy.
La disputa entre MoviPort S.A. y el passaglismo continúa escalando y amenaza con convertirse en uno de los conflictos institucionales más trascendentes de los últimos años en San Nicolás, principalmente por la incertidumbre de cientos de trabajadores y el impacto sobre el clima de inversiones que mantiene en vilo a gran parte del sector productivo regional.
“No es la primera vez que Passaglia desconoce decisiones judiciales. Actúa como si estuviera por encima de la ley y de las instituciones, y esa concepción del poder es la que explica muchas de sus conductas”, sentenció Federico Chouhy.
