La provincia de Jujuy vive una convulsión social luego de las movilizaciones de este fin de semana que culminaron con una feroz represión por parte del gobierno de Gerardo Morales, que este miércoles fueron denunciadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, mientras aún continúan las marchas en numerosas ciudades.
El conflicto se originó en marzo a partir del reclamo de los gremios docentes por un aumento del salario básico, y escaló en los últimos días debido a la rápida aprobación de una reforma parcial de la Constitución provincial, que organizaciones sociales y comunidades de pueblos de originarios criticaron como un intento de impedir el derecho a huelga y avanzar con actividades extractivas sobre sus territorios.
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Desde el 5 de junio que los docentes se encuentran en paro y movilización para pedir un aumento del salario básico en línea con la canasta básica. En la actualidad, el básico se encuentra en el orden de los $ 35.000 y el monto de bolsillo asciende en el escalafón más bajo a $ 67.000, cuando se suman las bonificaciones que no son cuantificadas para la jubilación.
El salario docente de la provincia de Jujuy es el más bajo de todo el país. Según el último informe que elabora el Ministerio de Educación nacional correspondiente al mes de marzo, el salario bruto de un maestro de grado con 10 años de antigüedad en Jujuy, con apoyo de financiamiento nacional, alcanzó los $139.804. En comparación, el mismo puesto en Chaco percibió $174.384, en Buenos Aires $191.448 y en San Juan $205.224 en el quinto mes del año, cuando se inició el conflicto. Mientras que el INDEC indicó que en marzo la canasta que mide la pobreza costó $191.228 para una familia de cuatro integrantes y $ 87.719 para el caso de una canasta alimentaria.
Semanas atrás, el gobierno jujeño había ofrecido un aumento del salario básico hasta elevarlo a poco más de $ 50 mil, mientras que aumentaba la presión contra los gremios para que claudicaran del paro por tiempo indefinido que aún rige. Hace una semana, Gerardo Morales les solicitaba a los docentes “volver al trabajo” a fin de “evitar la aplicación de descuentos de días de paro y presentismo, concepto que equivale a $120.000 aproximadamente”.
En la conferencia de prensa del martes 13 de junio, Morales aseguraba además que “el aguinaldo y sueldo de junio se liquida con la propuesta última, que establece un piso de $179.000 entre otras medidas que mejoran la composición del salario”, al mismo tiempo que aclaró que “no negociaremos en medio de un conflicto”.
Sin embargo, los gremios docentes CEDEMS y ADEP ratificaron entonces las medidas de fuerza a la espera de una nueva convocatoria a paritarias, lo que volvieron hacer una vez más este martes por la noche tras las movilizaciones del fin de semana largo, en reclamo de los salarios pero ahora también en rechazo de la reforma parcial de la Constitución provincial.
“Arriba los salarios, abajo las reformas”
Las elecciones provinciales realizadas en Jujuy en mayo dieron como ganador al oficialista Cambia Jujuy, que comanda Morales -dos veces electo gobernador (2015 y 2019)- y que en ésta oportunidad llevó a Carlos Sadir como cabeza de fórmula, en tanto que el titular de la UCR nacional se postuló como pre candidato a presidente de Juntos por el Cambio, y se especula con la posibilidad de que vaya como vicepresidente del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Cambio Jujuy obtuvo el 49,59% de los votos, seguido por el Frente Justicialista -liderado por Rubén Rivarola– con un 22,43%, mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT-U) se ubicó tercero con un 12,73%, con Alejandro Vilca como candidato a gobernador.
Tras haber legitimado su fuerza política en las elecciones, Gerardo Morales apuró una reforma de la Constitución provincial sancionada en 1986, en un proceso constituyente que tenía pautado un plazo de tres meses y que el gobernador cerró en menos de un mes, con el apoyo del PJ local conducido por Rivarola. En el medio, los convencionales de la izquierda junto a dos kirchneristas se retiraron del proceso, que calificaron de “antidemocrático, amañado y reaccionario”.
No solo el proceso fue puesto en cuestión sino tres artículos de la reforma en particular: el art. 50 sobre “Derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios”, el art. 36 referido al derecho a la propiedad privada y el art. 67 sobre el derecho a huelga.
En la madrugada del sábado, comunidades indígenas realizaron en protesta el “Tercer Malón de la Paz“, entendiendo que el gobernador Morales, con la nueva Carta Magna podría quitarles sus territorios que se encuentran apostados sobre recursos naturales valiosos como el litio. Sobre todo a aquellas comunidades que aún no tienen personería jurídica, que es dictada por el propio Estado provincial, y que hasta el momento solo ofreció a aquellas que pactaron con el gobierno.
Cabe recordar que Jujuy es una de las tres provincias argentinas productoras de litio, en lo que configura la principal reserva mundial, conocida como el Triángulo del litio que conforman Argentina, Bolivia y Chile.
Entonces, numerosas columnas de manifestantes se apostaron el sábado en el cruce de la Ruta Nacional 9 a la altura de Purmamarca, adonde el gobierno de Morales desplegó la primera represión con escenas de brutalidad vistas en los últimos días. La jornada terminó con heridos de bala de goma en la cara, la denuncia de personas desaparecidas y el pedido de renuncia de Morales por parte de la Asamblea del Tercer Malón de la Paz, que no solo exige la marcha atrás de los artículos de la reforma mencionados sino de su totalidad.
Aprobación de reforma y tres horas de represión
El martes 20 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, la Convención Constituyente jujeña aprobó finalmente la reforma parcial de la Constitución provincial, que no contempló las nuevas redacciones de los artículos 50 y 36, pero que sí mantuvo al artículo 67, que estableció la prohibición de los cortes de calles y de rutas, “así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”.
La aprobación de la reforma se dio con el apoyo de 29 convencionales oficialistas y otros 11 convencionales del peronismo local referenciado en Rubén Rivarola, a quien denuncian con intereses particulares en el gobierno de Morales. “Él es socio comercial y político del gobierno, presta servicios de empresas constructoras, camiones, maquinarias; de su clínica médica en Palpalá”, aseguró a Infocielo el secretario general del Sindicato de Empleados Obreros Municipales (SEOM), Sebastián López.
Rivarola es, además, director ejecutivo del medio El Tribuno, del cual recibe pauta oficial del gobierno provincial, así como el presidente del bloque del Frente Justicialista, y convencional constituyente, Guillermo Jenefes, propietario del principal multimedio local, Grupo Visión Jujuy, del cual forma parte el Canal 7, AM630, FM97.7, Radio Perico, Radio Libertador y Codivisión, entre otros.
De allí radica, en parte, el cerco mediático que no pocos manifestantes denunciaron en el vivo que el canal C5N transmitió desde el martes, en medio de la represión que se desató en las puertas de la Legislatura provincial, donde se aprobó al reforma constitucional publicada hoy en el Boletín Oficial.
A la Legislatura habían acudido en protesta los gremios docentes, de trabajadores estatales y municipales y asociaciones de profesionales, que terminaron por conformar una coordinadora intergremial conducida principalmente por los sindicatos CEDEMS y SEOM, en conjunto con organizaciones sociales y comunidades indígenas, quienes sufrieron una feroz represión de alrededor de tres horas de duración.
Las imágenes de la represión del martes arrojaron vehículos dados vuelta, denuncias de infiltrados en la marcha -una vecina grabó a la policía rompiendo un local comercial-, detenciones arbitrarias que se sumaron a las del fin de semana -adonde fue detenida una diputada convencional de la Izquierda-, las que se realizaron además en vehículos sin identificar. Incluso, en redes sociales se viralizaron videos de allanamientos ilegales en los barrios de San Salvador de Jujuy.
“Fue una cacería, andaban las camionetas levantando gente; no soy de exagerar pero te hacían acordar la dictadura, lo que contaban nuestros viejos, así. Tres horas de combate con infiltrados, era un escándalo, la última manifestación así fue en los años 90′ cuando estaba el Perro (Santillán) al frente del sindicato“, describió Sebastián López del SEOM.
Por su parte, la ONU emitió un comunicado en el que señaló el “uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, que han dejado decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo”, criticó la reforma de la Constitución por “incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos”; a la vez que el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Jan Jarab, le solicitó una reunión al gobernador de Jujuy.
El kirchnerismo, Chaco, Milagro Sala y las fakes news
Cercado por las importantes movilizaciones, el gobernador Gerardo Morales difundió en sus redes a lo largo del fin de semana acusaciones contra el kirchnerismo, el Gobierno nacional y las organizaciones sociales como responsables de la convulsión social. “¿Qué puedo esperar de usted si la única vez que vino a Jujuy fue para visitar a Milagro Sala? Su actitud como presidente da un manto de impunidad a quienes hoy violentan e intentan debilitar la paz lograda por el pueblo”, lanzó ayer contra el presidente Alberto Fernández.
“Es una vergüenza que financien a grupos violentos para generar caos en Jujuy. Agrupaciones kirchneristas de todo el país vinieron a participar e incentivar la toma de nuestras calles y quemar nuestra legislatura: ¿quién los mandó?“, publicó más temprano Morales. El tuit más polémico fue otro en la misma línea que acompañó con una fotografía de partidarios de La Cámpora que en realidad había sido tomada el año pasado, por lo que debió borrar el posteo.
Sin mayores pruebas, las acusaciones que lanzó Gerardo Morales contra el oficialismo como causante del conflicto fueron respaldadas el martes por la noche por los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio, que realizaron una conferencia de prensa en la que también equipararon la problemática con el femicidio de Cecilia Strzyzowski que sacude a la provincia de Chaco.
“Organizaciones guiadas y financiadas por el Gobierno nacional, con personas que han aparecido con dinero venidas de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de sembrar la violencia, el caos, el descontrol, frente a la decisión del gobierno del pueblo jujeño. En el mismo momento en que en la provincia de Chaco, exactamente los mismos grupos manejados por Emerenciano Sena, que es el mismo accionar de Milagro Sala, que ya se ha visto en el caos que están generando en la Legislatura de Jujuy, esos mismo grupos están siendo acusados de un asesinato de manera brutal en Chaco”, lanzó la pre candidata a presidente Patricia Bullrich.
En diálogo con el canal IP, consultado por las pruebas que tenía Juntos por el Cambio para afirmar tales acusaciones, Miguel Pichetto aseguró que habían hablado con el gobernador de Jujuy antes de la conferencia de la prensa, quien los había informado de los sucesos.
Este miércoles por la noche, una nueva movilización de antorchas llenó las calles del centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy con las mismas demandas que el día anterior.
“Lo único que pedimos es que se nos aumente el sueldo, ayer pusieron infiltrados en la movilización. No puedo creer que este gobernador todo el tiempo nos miente. Como algunos medios de comunicación, que como tienen la pauta, también nos mienten”, expresó una docente en la manifestación de esta tarde en San Salvador de Jujuy.
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