La muerte de Daiana Abregú en la comisaría de la policía bonaerense de Laprida no se trató de un hecho aislado. Según el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, durante 2021 fallecieron 83 personas que estaban bajo custodia policial. La fuerza de seguridad con mayor número de muertes fue la policía bonaerense con 28 homicidios.
Por el homicidio de Daiana, de 26 años y madre de un hijo, hay cinco efectivos detenidos. Entre los acusados figuran tres mujeres y dos hombres. Cuatro de ellos fueron imputados por el asesinato de Daiana; mientras que al quinto policía lo acusaron de encubrimiento.
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Según fuentes judiciales, los cinco efectivos apresado e indagados por su presunta responsabilidad en el homicidio triplemente agravado de Daiana habrían sido identificados como Vanesa Núñez, Pamela Di Bin, Juliana Zelaya y Adrián Núñez. Mientras que Leandro Fhur fue imputado de supuesto encubrimiento.
El cuerpo de Daiana fue hallado el el 5 de junio pasado en un calabozo de la Estación de Policía Comunal de Laprida, a 430 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Había sido detenida a las 7 debido a que, alcoholizada, provocaba disturbios en la vía pública. En el momento de la muerte, Daiana estaba bajo custodia policial.
¿CASTIGO O BENEFICIO?
El abogado de la familia de Daiana Abregú, Sergio Roldán, le confirmó a INFOCIELO que el comisario inspector Marcelo Amaya, fue trasladado a La Plata “para cumplir funciones administrativas”. Lo que pareciera ser un castigo termina siendo un beneficio para un oficial que vive en un pueblo de menos de 10.000 habitantes y el mismo se encuentra en plena ebullición por el caso de la joven, madre de un pequeño de 5 años.
También señaló que en Laprida durante los últimos años hubo “varios ahorcados, entre ellos un hombre al que le salvaron la vida en el hospital”.
Aclaró que solo uno de los oficiales de la bonaerense que había sido derivado a Tres Arroyos, el comisario Cristian Barrios, fue desafectado de la fuerza.
Por último, mencionó “hechos de violencia policial al punto tal de que el médico que firmaba los precarios se negó a seguir haciéndolo” y que por esa razón el intendente “lo echó en vez de ayudarlo”.
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