A pesar por las advertencias que ya se venían dando sobre las situaciones de vida en el Centro de recepción Pablo Nogués, ubicado en Malvinas Argentinas, este lunes la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció la muerte de un joven de 17 años que se encontraba alojado en el instituto de menores.
El hecho, además, se da a pocos días de que se realizara una protesta por las malas condiciones en el lugar, agravado por un brote de COVID-19 que terminó con la muerte de un trabajador del instituto y afectó a los usuarios del lugar.
TE PUEDE INTERESAR
Ante la falta de respuestas, la Comisión Provincial por la Memoria había presentado un nuevo habeas corpus en marzo pasado, que fue “resuelto de manera favorable pero desobedecido por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia”.
Pero las denuncias en el Pablo Nogués también se dieron por “regímenes de aislamiento extremo, nula actividad socio-educativa, graves condiciones de detención, falta de elementos de higiene, reclamos por mayor comunicación con las familias”.
En esa situación marcada por el abandono y la desidia, ocurrió la muerte de Lucas de 17 años, el viernes pasado. Ese mismo día otro joven detenido en el lugar, también intentó suicidarse y sobrevivió, avisaron desde la CPM.
“La muerte de Lucas -bajo custodia del Estado- es responsabilidad del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). Es una muerte anunciada y evitable. Las condiciones de encierro, denunciadas y desoídas, fueron condiciones de posibilidad para que estos hechos ocurran y sigan ocurriendo en este u otros centros, en caso de no adoptarse medidas integrales urgentes que garanticen los derechos de niños, niñas y jóvenes”, manifestó el organismo desde un comunicado.
“Pese a la gravedad y dureza del reclamo, no se pusieron en marcha dispositivos adecuados tendientes al tratamiento de los jóvenes, a fin de brindarles la contención indispensable en un momento de enorme angustia y temor de contagio de COVID, y frente a la muerte cercana de un trabajador. Tampoco se garantizó la comunicación cotidiana, necesaria para la salud psíquica de los jóvenes, ante el contexto de incertidumbre que además les genera la salud de su grupo familiar o afectivo en este momento de expansión de la pandemia”, expresaron.
Al mismo tiempo, desde la Comisión provincial pidieron que las reformas “deben alcanzar a todo el sistema de responsabilidad penal juvenil”. “Desde hace años, la CPM viene alertando sobre la situación que padecen las y los jóvenes en el encierro penal, denunciando la adultización del poder judicial especial y la carcelización de los centros cerrados. En ambos casos se incumple con la ley 13.634, sancionada para garantizar derechos, no para vulnerarlos”, concluyeron.
TE PUEDE INTERESAR
