Martín Santiago Del Rio, el comerciante detenido como presunto parricida acusado de matar a sus padres en Vicente López, fue trasladado este mañana a una cárcel de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense en la localidad se San Martín, informaron fuentes judiciales.
El imputado ingresó pasadas las 9.30 a la Unidad 48 para cumplir allí la prisión preventiva que hace una semana le impuso la Justicia de San Isidro.
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Tras pasar 37 días detenido en la DDI de San Isidro, donde fue alojado en un calabozo aislado, al imputado por un “doble homicidio cuádruplemente agravado” le salió el cupo para una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Su alojamiento en una cárcel común fue ordenado el viernes pasado por el propio juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, que avaló toda la investigación de la fiscalía y le impuso a Del Rio (47) la prisión preventiva.
La Unidad 48 integra el denominado Complejo Penitenciario San Martín, ubicado en Camino del Buen Ayre y Debenedetti, en la localidad de José León Suárez.
Según el sitio web del SPB, funciona desde 2007 como una cárcel para población masculina con régimen cerrado de modalidad “estricta” para procesados -como Del Rio-, y “severa” para penados.
El terrible caso
El abogado, expolicía y comerciante José Enrique Del Rio (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
Si bien tras el hallazgo de los cadáveres había sido arrestada la empleada del matrimonio asesinado, María Ninfa “Nina” Aquino (64), como presunta “entregadora”, el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.
A pedido de los fiscales y en base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial, el juez Costa dictó el viernes último la prisión preventiva de Del Rio como autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
Para los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares y la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.
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