Joaquín “El Paisa” Aquino, el presunto narco investigado por la procedencia de la cocaína envenenada con carfentanilo que hace dos semanas mató a 24 personas e intoxicó a más de 80 en la zona noroeste del conurbano bonaerense, fue trasladado ayer desde la sede policial en la que estaba alojado a una unidad penitenciaria federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Fuentes policiales y judiciales informaron que el traslado había sido solicitado por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, al igual que para los otros seis detenidos que hay en la misma causa.
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De acuerdo a los voceros, Aquino fue llevado desde la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícita de Vicente López, situada en Maipú y Güemes de ese partido del norte del conurbano, hasta la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal que funciona en los tribunales de Lavalle 1.337, en CABA.
El traslado fue llevado a cabo con el refuerzo del personal de dos equipos del Grupo Apoyo Departamental (GAD) y un camión celular.
En tanto, fuentes judiciales indicaron que hoy se vence el plazo de los 10 días hábiles para resolver la situación procesal de Aquino y los otros seis detenidos a disposición del juez Culotta, que junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), los acusan de integrar una banda narco que operaba en la zona de Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, todas en el partido de San Martín.
La semana pasada, “El Paisa” amplió su indagatoria ante el juez y afirmó que la droga hallada en su domicilio cuando lo detuvieron un día después de las muertes e intoxicaciones por cocaína adulterada fue “plantada” por la Policía.
Aquino y los otros seis sospechosos están imputados de “tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra”.
Entre los otros apresados están Aldana Benítez, pareja del “Paisa”, quien reside en el mismo inmueble de Villa Loyola, y declaró en igual sentido que Aquino.
Por su parte, Mónica Altamirano, hermana de Benítez y pareja de otro de los detenidos, Alberto Medina; declaró que ella no sabía que habían hallado drogas en su domicilio cuando la detuvieron y que se enteró luego cuando le leyeron el acta de procedimiento.
En la misma causa, que se inició el año pasado, también están detenidos Julio César Ferrari; Marcelo Canhue y Jonathan Granero.
Ya en la primera indagatoria los siete se declararon inocentes o se negaron a declarar.
De acuerdo a los pesquisas, Ferrari está imputado de ser “el cocinero” de la droga y ya estuvo preso por otras causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
En tanto, a Canhue se lo acusa de ser uno de los que guardaba la droga antes de que fuera distribuida y comercializada.
Y respecto de Medina, los investigadores sospechan que actuaba como “chofer” de la banda para trasladar los estupefacientes y el dinero producto de la comercialización de los mismos.
Todos los imputados en este expediente afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo “El Paisa” el presunto “organizador” de la banda.
El de Culotta se trata de un expediente paralelo al que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín y en el que se investigan las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones por la ingesta de cocaína adulterada con carfentanilo.
En esa causa, el fiscal Germán Martínez ya efectuó ante el juez de Garantías Mariano Grammatico Mazzari un planteo de declinación de incompetencia para que las actuaciones pasen a la justicia federal con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización.
A disposición de este magistrado, y por pedido del fiscal Martínez, hay seis personas que fueron detenidas en el búnker del asentamiento Puerta 8 de Tres Febrero donde se vendió la droga adulterada: Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Iván Daniel Ávalos (21), Mauricio Adrián Balcarce (29), Gabriel Héctor Faudez (47) y Priscila Micaela Faundez (19).
Todos ellos están imputados de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia ilegal con fines de comercialización agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio simple reiterado en al menos seis oportunidades y tentativa de homicidio simple reiterado en al menos 10 oportunidades”.
El mismo juez Grammatico Mazzari al resolver que estos seis acusados quedaran presos le sugirió a la fiscalía agravar la calificación a “homicidio calificado por el uso de veneno como método insidioso”.
A su vez, el fiscal Martínez solicitó esta semana que la Procunar se sume a la investigación del caso de la cocaína adulterada, por lo que comenzó una colaboración con intercambio de información con ese organismo nacional.
La semana pasada los peritajes oficiales determinaron que la cocaína había sido cortada con “carfentanilo”, un opioide 10.000 veces más fuerte que la heroína y el fentanilo, y de uso exclusivo veterinario ya que se utiliza para dopar animales de gran porte como elefantes y rinocerontes.
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