El Gobierno Nacional informó el cierre de un acuerdo para el refinanciamiento de la deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que será enviado este jueves al Congreso.
Mediante un comunicado, se detalló que la gestión de Alberto Fernández alcanzó un entendimiento con el organismo multilateral para “refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio”.
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Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional informó que el acuerdo “permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”.
El nuevo programa busca generar condiciones de estabilidad “necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con los jefes de bloque una hoja de ruta para las próximas discusiones en el Congreso.
Algunos puntos del acuerdo con el FMI
El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio.
El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
Para el Gobierno, se trata de un programa “acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica”.
En este sentido, coincidieron con el FMI en que la inflación es un fenómeno multicausal –“siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral”.
“La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas” agregaron.
A su vez, consideraron que el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, “descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas”
Al mismo tiempo, “se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos” sostuvieron.
Asimismo, explicaron que el acuerdo contempla la “reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional”
“Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.
¿Qué pasará con las jubilaciones y tarifas?
En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI “no prevé ninguna reforma previsional” y estipula “continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.
Sobre el tema tarifas, se informó que el contexto de gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno “está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”.
En el marco de sus objetivos de estrategia energética, “está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales”.
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo “el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior”.
Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, “las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”.
La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c).
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
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