La decisión de Javier Milei de cortar de plano con la obra pública financiada por el Estado golpeó mucho más allá de los límites de “la casta”. Todo el sector de la construcción está en alerta por la posible debacle laboral que esos cambios implicarían.
El ingeniero Claudio Velazco estimó esta semana que son 450 mil los trabajadores que se quedarían en la calle si se corta la obra pública.
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Velazco, especialista en el tema, publicó un extenso análisis en el que planteó tres escenarios: neutralización de obras, rescición de contactos (con los posibles juicios asociados) y el corte de financiamiento de obras que ejecutan provincias y municipios. Los tres con complejidades y riesgos asociados.
También analizó la posibilidad de que las obras sean llevadas a cabo por privados, para lo cual puso atención en que las empresas deben encargarse de presentar alternativas, proyectarlas, buscar financiamiento y plantear el recupero de la inversión.
“El sector privado solo invertirá en iniciativas que le resulten rentables. Ante esto, vale preguntarse ¿Qué empresas desarrollarán las obras que (más que rentables) resultan urgentes para atender las necesidades de gran parte de la población en el territorio nacional?”, planteó.
También planteó el impacto negativo “alrededor de los 450.000 trabajadores de dicho rubro, que de manera directa quedarán sin trabajo, y con la consecuente afectación que ello provocará en cada grupo familiar que lo conforman”.
No serán sólo los empleos los que corran riesgos, sino también las propias empresas del rubro, consideradas “el corazón generador de empleos, seguramente no soportarán la crisis económica”.
El número de 450 mil fue respaldado por el ministro Gabriel Katopodis. El funcionario presentó un balance de gestión con 7.265 obras desarrolladas, 4.434 terminadas y 2.308 en ejecución.
“Ese trabajo nos permitió alcanzar el 100% de los municipios y gobiernos locales, y llegar al récord histórico de 480.000 empleos en el sector de la construcción. El 50% de esos puestos de trabajo dependen de la obra pública, sostenida por el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y municipales”, explicó en la red social Twitter.
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