Las denuncias de vecinos de la zona Sur de La Plata en torno al vuelco indiscriminado de residuos cloacales al arroyo Maldonado, que varias veces inundaron casas particulares, tomó un rumbo inesperado: las autoridades de ABSA, incluido su presidente Raffaelle Sardella, deberán enfrentar denuncias penales por “desobediencia”.
Las actuaciones datan del 20 de febrero de 2017, cuando un vecino de Villa Elvira denunció ante la justicia de faltas haberse inundado con líquidos cloacales. El problema, dijo, afectaba a vecinos de su barrio y no concitaba ninguna acción por parte de Aguas Bonaerenses, responsable del servicio.
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La mediación de la Justicia de Faltas se mostró insuficiente, pero la intervención de la Justicia Federal, una vez que se conoció que los residuos cloacales iban a parar, además, a las aguas del Arroyo Maldonado, en clara infracción a las disposiciones de la Ley de Residuos Peligrosos, que es de alcance nacional.
El juez interviniente, Ernesto Kreplak, pidió informes a todos los organismos implicados, desde la Autoridad del Agua, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la propia empresa. La información recabada permitió contextualizar el problema pero además mostró aristas verdaderamente increíbles.
Se supo, de parte de ADA, que se constataron “los vuelcos permanentes por parte de ABSA al arroyo Maldonado”, así como también que sólo dos de los cuatro equipos de bombeo instalados funcionaban, porque no tenían alimentación eléctrica.
El líquido que llegaba hasta el arroyo, determinaron los peritos, era “crudo”, es decir, sin tratar, y sus parámetros de salubridad excedían hasta 120 veces los valores permitidos de coliformes totales, un tipo de bacterias que se presentan en la materia fecal.
Los desbordes cloacales continuaron durante 2018 y por ello se llevaron a cabo nuevas inspecciones, en las que se encontró que, si bien se habían instalado grupos electrógenos para abastecer a las plantas, éstos no se encontraban ni siquiera conectados.
Cuando le llegó el turno de dar explicaciones, ABSA presentó un relato que entró rápidamente en contradicción con el resto de los actores. Dijo, por ejemplo, que los vecinos se inundaron a causa de cortes de energía que afectan la estación de bombeo, con lo cual le pasó la pelota a EDELAP, la distribuidora de energía local, que a estas alturas es el chivo expiatorio favorito de la empresa que conduce RAffaelle Sardella.
Pero EDELAP derribó rápidamente esa coartada: explicó que sólo hubo cortes de suministro en tres ocasiones y que tuvieron poca duración, con lo cual no deberían haber afectado el servicio. Esas afirmaciones fueron verificadas por la Justicia.
Pero también admitió que el líquido cloacal no es tratado sino que se arroja “crudo” al río, con lo cual las bombas sirven únicamente para trasladarlos, lo cual fue ratificado por sendos informes técnicos de parte del Programa Ambiental de Extensión Universitaria de la UNLP y, nuevamente, la Autoridad del Agua, lo cual redundó en la denuncia penal contra ABSA, que tramita en el fuero federal.
Pero, en paralelo, hay un proceso abierto por “desobediencia”, que está en manos del juez de Garantías Juan Pablo Massi, que surge del incumplimiento sistemático a las órdenes que, a su turno, impartió la justicia de faltas platense, de la mano del doctor Dante Rusconi, para darle una solución definitiva a los reclamos vecinales.
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