El presidente Javier Milei le dio otro golpe bajo al universo de pequeñas y medianas empresas al desmantelar el último cerrojo de protección para la industria nacional dentro del RIGI. A través del Decreto 1366/2026 publicado en el Boletín Oficial —que lleva la firma del propio Jefe de Estado junto a las del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro del Interior, Diego Santilli—, el Poder Ejecutivo modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y abrió de par en par el acceso a las contratistas internacionales.
La medida oficial altera de raíz la prioridad que pretendía garantizar el cupo del 20% de contratación local fijado originalmente en la Ley de Bases N° 27.742, neutralizando la protección al desarrollo productivo bonaerense y nacional.
El aspecto más severo del decreto firmado por Milei reside en la sustitución del artículo 3° (inciso f) del Anexo I del Decreto N° 749/24. La nueva redacción establece que la condición de “proveedor local” para personas jurídicas se definirá exclusivamente por su “constitución y domicilio en el país, sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social”.
Con este cambio, se elimina de hecho la exigencia de que el proveedor sea una Pyme o empresa de capital nacional. En la práctica, cualquier gigante internacional de servicios mineros, petroleros o de ingeniería podrá abrir una filial o Sociedad Anónima en la Argentina y calificar automáticamente como “proveedor local” dentro de las cadenas de suministro del RIGI.
Este mecanismo permite que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) cumplan el porcentaje obligatorio de contratación nacional contratando a sus propias empresas vinculadas del exterior recién radicadas en el país, desplazando a la industria manufacturera y de servicios local.
Reorganizaciones express y facilidades financieras para el inversor
Además de golpear al tejido Pyme, el decreto rubricado por la conducción nacional otorga un paquete de facilidades operativas y financieras a los grandes proyectos:
- Transferencia de acciones y reorganización societaria: Habilita que terceros adquieran acciones de un VPU sin alterar los beneficios fiscales. Asimismo, permite que las Sucursales Dedicadas se transformen en Sociedades Anónimas preservando la fecha de adhesión original y sus derechos tributarios.
- Cesión de participaciones en UT: En las Uniones Transitorias, las empresas podrán ceder participaciones notificando a la Autoridad de Aplicación. Si el Estado no emite objeciones en 30 días corridos, la cesión quedará aprobada de forma automática.
- Cómputo de divisas de casas matrices: Se permite computar como divisas ingresadas al mercado oficial los aportes y financiamientos externos realizados por las sociedades accionistas directas o indirectas del proyecto.


