Las implicancias del caso D’Alessio todavía resuenan tanto en el ámbito político como en el judicial y en este caso un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entregado al juez federal, Alejo Ramos Padilla, suma elementos de pesos para confirmar el funcionamiento de una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos. Asimismo, aportó indicios sobre posibles vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además, alertó que estarían involucrados actores de la justicia provincial y federal e incluso periodistas.
Ante un requerimiento del magistrado Ramos Padilla, el organismo elaboró un nuevo informe en el que participaron Adolfo Pérez Esquivel, presidente, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso y Roberto Cipriano García, integrantes de la CPM, Sandra Raggio, directora general, y los directores Rodrigo Pomares y Federico Schmeigel.
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Desde la CPM, señalaron que el trabajo “confirmó la existencia de una red de espionaje ilegal”, y que los documentos “permiten observar con claridad cómo funcionaba lo que se denomina ‘el ciclo de inteligencia’, un complejo proceso mediante el cual se recolectaba información, se la procesaba y analizaba para finalmente ponerla en circulación y hacerla pública”.
Entonces, describieron que la red desplegaba acciones como “la extorsión directa mediante el pedido de coimas o sobornos hasta el condicionamiento de testigos para sumar, a través de testimonios bajo la figura del imputado colaborador o arrepentido, información falsa en determinadas causas judiciales”.
A su vez, afirmaron que la participación de Marcelo D’Alessio en estas tareas de inteligencia, reconoce el hallazgo de nuevos indicios sobre posibles vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También, advirtió que en el esquema operativo se involucraba a actores de la justicia provincial y federal e incluso a periodistas.
Más adelante, constataron que las actividades ilegales encabezadas por D’Alessio tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación y poseía un dispositivo de publicación de la información que se obtenía de acciones ilícitas de vigilancia y espionaje.
Finalmente, la CPM expresó que “las vulneraciones a la legislación nacional en materia de inteligencia y el uso indebido de los instrumentos de investigación criminal, advierten sobre la potencial violación de garantías constitucionales y de pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
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