En octubre de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 era la principal de las preocupaciones, y los choferes de colectivo de los pocos exceptuados para circular, un grupo de delincuentes asesinó de cuatro balazos a Pablo Flores, conductor de la línea 218 que se encontraba haciendo el recorrido por Virrey del Pino, en La Matanza. En aquel momento, Sergio Berni llevaba menos de un año en el cargo, y se presentó ante los colectiveros que cortaban la General Paz para escucharlos y acercarles una promesa: la de mayor seguridad.
No era la primera vez que un Ministro abordaba a los colectiveros de La Matanza por el asesinato de un compañero. En abril de 2018, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, cuyo ministro de Seguridad era Cristian Ritondo, dos delincuentes asesinaron a Leandro Miguel Alcaraz. La trascendencia del caso llevó a la mandataria provincial a reglamentar la ley 14.897, que había sido aprobada ya en 2017 pero no se había implementado, bajo la cual se estableció la obligatoriedad de cámaras de seguridad en los transportes de pasajeros.
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La medida nunca se implementó. O, mejor dicho, se hizo a medias: las empresas de transporte reclamaron por los “altos costos” de la implementación del sistema, y presentaron un plan de renovación de unidades a cuentagotas. Un año más tarde, María Eugenia Vidal perdería las elecciones y el decreto por el cual impulsó la creación de centros de monitoreo para dichas cámaras naufragaría junto a su gestión.
De vuelta en 2020, el asesinato de Flores convocó a una nueva manifestación de colectiveros que fue apaciguada por el ministro Sergio Berni, quien se presentó en el piquete en la General Paz y les prometió soluciones en materia de seguridad. En junio de 2021, el Ministro junto al entonces subsecretario de Transporte, Alejo Supply, y el entonces secretario General de la UTA, Roberto Fernández, firmaron una resolución para apurar a las empresas de transporte y que en 12 meses se instalen las cámaras de seguridad en todas las unidades.
“Tanto el incumplimiento de la colocación de las cámaras de seguridad en las unidades, como el mal funcionamiento de las mismas, puede llevar a desafectar a la unidad del parque automotor autorizado para prestar servicios, como así también la inhabilitación temporaria o definitiva”, aseguraban desde la subsecretaría de Transporte. Una vez más, la medida no se cumplió.
Dos años más tarde, un nuevo crimen reavivó las protestas de los colectiveros, que ante la presencia de Sergio Berni descargaron su furia y lo atacaron con piedrazos, objetos y golpes de puño. “Cuando mataron a Pablo prometieron. Nos prometieron todo y no hicieron nada. Vienen, te prometen, y jamás hacen nada”, reclamó un colectivero.
Otro chofer, delegado de los trabajadores, reveló que tras el crimen de Pablo “nos reunimos en Puente 12 con él y con toda la cúpula de Seguridad de la Provincia, y nos dijeron que no hay centros de monitoreo. Hay cámaras, que tienen grabación algunas, pero no hay centro de monitoreo. No hay financiación para centros de monitoreo. Ni tienen insumos, porque dicen que son importados”.
Y reclamó que el Ministro “siempre lo hace de una manera prepotente y queriendo imponer algo. En vez de soluciones lo que hace es imponer de mala manera lo que tenemos que hacer nosotros. Y la realidad es que el que tiene que hacer es él sobre las responsabilidades que tiene”.
“Siempre que reclamamos algo nos dieron la misma respuesta, que no tienen insumos porque son importados, que no tienen financiación, que no tienen para controlar los colectivos. No hay ni hubo ninguna respuesta concreta desde 2018 sobre la seguridad el transporte público de la provincia de Buenos Aires“, concluyó el colectivero.
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