La denuncia de la ONG AJUS contra la postulación del funcionario de la Procuración Francisco Pont Vergés para integrar la Cámara de Casación Penal, avanza en el fuero Contencioso Administrativo, donde la magistrada María Ventura Martínez ya notificó a las partes y requirió informes, y empieza a acortar plazos para tomar una decisión.
Como se recordará, la demanda de AJUS tiene doble objetivo: que la Justicia obligue al Poder Ejecutivo a devolver el pliego para que la gobernadora lo rectifique, o en caso de que la gobernadora decida ratificarlo, determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.
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Es que sobre el actual secretario de Política Criminal de la Procuración pesan graves denuncias por haber “perseguido” judicialmente a organismos de Derechos Humanos que denunciaron torturas y condiciones inhumanas dentro de los penales bonaerenses, específicamente en el caso de una interna trans, de 36 años, que quedó cuadripléjica por los malos tratos recibidos.
Desde la Suprema Corte, pasando por la Cámara de Apelaciones y organismos de Derechos Humanos repudiaron el accionar de Pont Vergés contra Mario Coriolano, defensor oficial ante Casación y presidente del Comité contra la Tortura, que denunció y visibilizó el caso. Y advirtieron a la Procuración y al Ejecutivo que no interfieran con el accionar de organismos pro DDHH.
En la demanda AJUS LPBE especifica que “la denuncia contra Pont Vergés ocurrió luego de que Vidal enviara su pliego al Senado”. Por ello, los abogados de la Ong reclaman a la Justicia que el pliego retorne a la mandataria, quien a la luz de los nuevos hechos deberá desistir del trámite o insistir con su tratamiento. Si la gobernadora optase por el último camino la demanda pide que el Tribunal “dé certeza respecto del cumplimiento del Dr. Francisco Pont Vergés de las condiciones de habilidad que establece la Constitución y legislación provincial para ocupar el cargo de Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”.
María Ventura Martínez libró oficios al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Justicia provincial, al Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires y a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para que “produzcan en el plazo de 5 (cinco) días, informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida peticionada”. Hoy, todos esos organismos fueron notificados y el plazo empieza a correr.
Una vez que la Justicia reúna los elementos requeridos, se podrá evaluar si la postulación de Pont Vergés reúne o no los requisitos que manda la constitución y si la administración de María Eugenia Vidal tiene los reflejos suficientes para rever una situación que ya generó demasiada polémica.
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