La implementación del Aporte Solidario y Extraordinario encontró su primer escollo en la Justicia Federal luego de que se conociera un fallo que ordena a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a no cobrarle el impuesto a un ejecutivo de una empresa multimillonaria. Se trata Alejandro Scannapieco miembro de Globant, una firma que en 2020 estaba valuada en Wall Street en casi casi US$7000 millones.
El portal Infobae confirmó que la jueza federal en lo contencioso administrativo, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, aceptó una medida cautelar de Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant.
TE PUEDE INTERESAR
El empresario inició una causa judicial por considerar que se trata de una medida que afecta su derecho a la propiedad y la Justicia dispuso “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”.
Asimismo, la medida de la Justicia-que solo alcanza al empresario- tendrá una vigencia de tres meses hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama Scannapieco en su amparo que es que no le cobren el Aporte Solidario que aprobó el Congreso en diciembre del 2020.
Scannapieco es Partner Business Hacking de Globant, una empresa tecnológica argentina, que según publicó el diario La Nación en agosto del año pasado, está valuada en Wall Street en US$6983 millones.
La empresa fundada en 2003, que tiene como CEO a Martín Migoya, se autodescribe como una firma que “utiliza las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para transformar las organizaciones en todos los aspectos” y seña: “Queremos transformar el mundo, dando un paso a la vez. Crecemos transformando organizaciones para un futuro digital y cognitivo, y soñamos en transformar nuestra industria con oportunidades de primera clase para el talento en todo el mundo”.
La compañía es una de las más exitosas del país de los últimos años y, de hecho, como muestra de su poderío en 2020 compró al Grupo Assa (gA), otra firma local que tiene opera en Argentina, Brasil, Estados Unidos y en otros países de América latina. La transacción se concretó por unos US$74,5 millones e implicó el traspaso de 1100 trabajadores.
El Aporte Solidario, aprobado en el Congreso, establece que los sujetos alcanzados deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el 30 de marzo de 2021. El objetivo es morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus mediante un aporte de los patrimonios superiores a los $200 millones.
El propósito es recaudar alrededor de $ 300.000 millones para volcar a planes productivos y sanitarios. Los fondos irán un 20% a la compra o elaboración de equipamiento médico e insumos sanitarios, un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana y un 25% a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
TE PUEDE INTERESAR
