La justicia de La Plata condenó a un ex intendente y a un ex secretario de economía de hacienda de Ensenada a prisión por hechos de corrupción ocurridos entre los años 1997 y 2003, informaron fuentes judiciales a INFOCIELO.
La medida fue tomada por el Tribunal Oral Criminal N° 1 del departamento judicial de La Plata en un juicio abreviado y los condenados fueron el ex alcalde Adalberto del Negro y el ex secretario de economía y hacienda, Carlos Izarrualde.
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A Del Negro la pena fue de 2 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer cargos y/o empleos públicos por cuatro años.
La justicia halló penalmente responsable a Del Negro de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con defraudaciones especiales (retención indebida) -reiteradas- y defraudación especial (retención indebida) e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal entre si.
Sobre Izarrualde la pena fue de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer cargos y/o empleos públicos por seis años.
Los delitos en los que incurrió Izarrualde son los de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con defraudaciones especiales (retención indebida) -reiteradas- defraudación especial (retención indebida) e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal entre si y falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, dos hechos en concurso real entre sí.
En el juicio se ventiló que los dos exfuncionarios realizaron retenciones ilegales de haberes a empleados municipales y a afiliados del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Ensenada, además de habilitar con certificados truchos dos supermercados de la firma Día Argentina S.A. en las calles 122 entre 39 y 40 y en Bossinga al 783.
Los entonces funcionarios no depositaban a debido tiempo las retenciones por bonos, cuotas sindicales, rifas, mutuales y cuotas suplementarias, ni tampoco los embargos judiciales de los empleados del municipio, que debían transferirse de inmediato a juzgados civiles o comerciales del departamento judicial de La Plata.
Los delitos fueron cometidos entre enero de 1997 y diciembre de 2003, se detalló en el fallo con fecha del 13 de septiembre último, al que tuvo acceso INFOCIELO.
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