El exintendente de Pilar por el PRO, Nicolás Ducoté, irá a juicio oral tras ser imputado por una serie de delitos ligados con causas de corrupción, tal como dictaminó el Juez Federal de Campana, Adrián Gonzáles Charvay.
En la causa, Ducoté está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público, por lo que se dispuesto la elevación a Juicio Oral y Público.
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Cabe recordar que el tribunal de Casación y la Cámara Federal de San Martin rechazaron los recursos interpuestos por las defensas del exjefe comunal del Conurbano, como así también de quienes fueran sus funcionarios y quedaron involucrados.
Los antecedentes del exintendente del PRO
El camino judicial que derivó en la convocatoria a juicio oral y público inició en 2019 cuando una concejala denunció “administración fraudulenta de fondos” que llegaron a Pilar para obras de cloacas e infraestructura derivados del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que conducía Rogelio Frigerio durante el gobierno de Mauricio Macri.
En julio de 2021, el juez Gonzáles Charvay procesó sin prisión preventiva a Ducoté por esta causa y en el fallo le prohibió salir del país, le fijó un embargo de $100.000.000 y le decretó la inhibición general de bienes.
Al mismo tiempo, también fueron procesados exfuncionarios municipales macristas por el delito de defraudación contra la administración pública, entre quienes se encuentran Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede.
“Actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”, consideró el magistrado.
Para octubre del año pasado, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, ratificaron el procesamiento al señalar que “se ha encontrado semiplena prueba para fundar prima facie la responsabilidad del nocente en el hecho que se le imputa”.
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