El acusado de liderar una organización delictiva que estafó al Estado de la provincia de Buenos Aires en varios millones de pesos con el desvío de fondos destinados a la carga de combustibles para autos oficiales se negó a declarar este fin de semana ante la fiscalía de La Plata, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Néstor Osvaldo Casado, quien se desempeñaba como director de Servicios Generales de la Dirección General de Escuelas y Educación y se negó a declarar ante la fiscal penal de La Plata, Cecilia Corfield.
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Casado, detenido el viernes último, está imputado del delito de “asociación ilícita y malversación de caudales públicos”.
La defensa de Casado presentó un pedido de eximición de prisión que le fue rechazado, por lo que el hombre seguirá detenido.
En esta misma causa, el 16 de mayo último habían sido detenidos Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Automotores de la cartera educativa, acusados de los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos.
La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas que trabajaba en una estación de servicio situada en la calle 44 y 31 de La Plata.
El fiscal platense a cargo de la investigación, Juan Cruz Condomí Alcorta, explicó que el hombre “se puso nervioso” y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo.
Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales.
Además de la investigación judicial, la cartera educativa inició una serie de sumarios ante la sospecha de que puede haber más empleados involucrados en la maniobra.
Las fuentes sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.
Según pudo comprobarse durante la pesquisa, funcionarios y empleados de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense desviaban de forma periódica fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.
De acuerdo a los voceros, además se constató que varias de las tarjetas correspondían a autos en desuso, que no habían sido dados de baja y estaban guardados en galpones, por lo que los gastos en combustibles y en repuestos se destinaban supuestamente a esos vehículos.
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