Una sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías y un magistrado de Garantías de Morón concedieron la prisión domiciliaria a dos detenidos pese a la demora en la colocación de tobilleras electrónicas para monitorear el cumplimiento de la morigeración de la prisión preventiva.
El primer beneficiario de la polémica resolución judicial fue un joven involucrado en una pelea en un boliche y, ante la presentación de un habeas corpus, se adoptó la misma medida con un hombre acusado de narcomenudeo.
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Según la fiscal Valeria Courtade, Santiago Martínez atacó en noviembre pasado a Nicolás García dentro del boliche Roca Bruja, en Villa Tesei, y “le incrustó una copa de vino rota en el rostro, con el claro designio de causarle la muerte y con el propósito de causarle sufrimiento a la mujer que acompañaba a la víctima, con quien mantuvo una relación de pareja”.
“Después, le pegó golpes de puño, lo que le provocó heridas de tal magnitud y profundidad, que comprometieron su cara”, añadió la acusación por la presunta comisión del delito de “tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja”.
Martínez recibió prisión preventiva a mediados de diciembre de 2022 y escasos días atrás la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón modificó la calificación penal por la que fue procesado, considerando que el hecho se trató de “lesiones graves”: como consecuencia del cambio de carátula, el acusado recibió prisión domiciliaria en su casa de un country de la zona Oeste.
Ante esta situación, el abogado Fernando Sicilia presentó en un Juzgado de Garantías de Morón un habeas corpus colectivo para que se conceda el mismo beneficio a todos los detenidos que se encontraban a la espera de una tobillera electrónica.
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Frente a ese planteo, un juez de Garantías liberó a José Gregorio Díaz, procesado por su presunta responsabilidad en una causa por infracción a la ley de drogas.
“Se hace lugar a la acción de habeas corpus interpuesta en favor del causante Jorge Gregorio Díaz, toda vez que se verifica la procedibilidad del instituto en trato, con el fin de que cumpla con el plazo perentorio y fatal dispuesto para efectivizar su arresto domiciliario, según los artículos 405 y concurrentes de Código Procesal Penal”, concluyó el magistrado.
Según se consignó en la resolución judicial, el hombre detenido en una causa por narcomenudeo debía recibir la tobillera electrónica el 21 de marzo pasado: como no se cumplió con la fecha, el 3 y 12 abril pasados, el juez a cargo del proceso envió dos oficios a la Dirección de Monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense para que se cumpliera la orden judicial de otorgarle la tobillera para proceder a la morigeración de la prisión preventiva.
Al explicar la situación, el magistrado detalló que hubo llamados reiterados a la Dirección de Monitoreo en los que se insistió que se habían vencido los plazos. Ante la imposibilidad de que los funcionarios de dicha dependencia de poder instalar el dispositivo en la casa del acusado de forma inmediata, el magistrado ordenó el traslado de Díaz a su domicilio, según los términos del habeas corpus autorizado.
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