La justicia bonaerense libró una medida cautelar de restricción contra el obispo de San Nicolás, Hugo Norberto Santiago, y un párroco de una Iglesia de San Pedro, para que “cesen con los actos de perturbación” y “violencia psicológica” contra una denunciante de abuso eclesiástico, informaron fuentes judiciales.
El juzgado de Paz de la ciudad bonaerense de San Pedro libró una medida cautelar de restricción para que el obispo Santiago, y el párroco de la iglesia San Roque, Sebastián Zagari, “cesen con los actos de perturbación y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psicológica/emocional” sobre una de las denunciantes de Tulio Matiussi, el sacerdote acusado por cinco casos de abuso infantil en 2017.
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El fallo estipula que “se prohíbe enviar mensajes de texto o llamadas telefónicas al celular de la víctima (vía SMS, WhatsApp, Messenger, etc.), a los correos electrónicos o a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos de violencia psicológica” encuadradas en la ley de protección integral contra la violencia de género.
En la fundamentación de la medida de tutela cautelar, el magistrado sostiene que “conforme las circunstancias denunciadas corresponde encuadrar como violencia psicológica contra C.N.V, en vía pública el actuar denunciado y atribuido a Santiago, Hugo Norberto y Sebastián Zagari”.
A principios de junio de 2020, el fiscal que investigó los supuestos abusos sexuales cometidos por el sacerdote Tulio Matiussi y otras dos personas a niños que asistían al Jardín Belén de la localidad bonaerense de San Pedro, hizo el requerimiento de juicio oral, para el que se aguarda se fije fecha en los próximos días.
El portero Anselmo Ojeda (58) y la preceptora María Luján Rubíes (51) están imputados de igual delito.
En el pedido de elevación a juicio el fiscal Granda plantea que está acreditado con el nivel de certeza requerido para esta etapa procesal que “durante el curso lectivo 2017”, los imputados sometieron a los niños a “tocamientos” de sus zonas genitales en horario de clases, delito que los imputados cometían tanto de manera “colectiva” como “individual”, con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
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