Este mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata, dio a conocer la sentencia a los 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense imputados por su responsabilidad en una de las masacres más graves de la historia del encierro bonaerense: la muerte de 33 detenidos en la Unidad Penal N°28 de Magdalena.
Finalmente, son 3 los imputados condenados y 14 las absoluciones que dictó el tribunal por el incendio ocurrido la noche del 15 de octubre de 2005.
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Los condenados son el ex director de la Unidad, Daniel Oscar Tejeda, el entonces jefe de guardia Raimundo Héctor Fernández y el oficial a cargo, Rubén Alejandro Montes de Oca. La sentencia se conocerá el próximo 9 de marzo.
Por su parte, el Tribunal absolvió a Cristian Alberto Núñez, Carlos Augusto Bustos, Mauricio Alejandro Giannobile, Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Maximilano Morcella, Gonzalo Rafael Pérez, María del Rosario Roma, Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Eduardo Gabriel Villarreal y Juan Eduardo Zaccheo.
La fiscal Budiño había imputado a 15 de los 17 juzgados por el delito de “abandono de persona seguido de lesiones y muerte”, mientras que al director del penal y al ex jefe de seguridad los imputó por “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.
Durante las audiencias del debate declararon ante los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena unos 400 testigos, entre ellos, dos sobrevivientes de la tragedia: Juan Domingo Blanco Recalde y Angel Eduardo Quintana Ramírez.
La noche del 15 de octubre de 2005, 33 personas privadas de su libertad, y por lo tanto bajo custodia del Estado, murieron asfixiadas y quemadas en el incendio en el pabellón 16 de la Unidad Penal N 28 de Magdalena, donde había alojados unos 55 detenidos que esperaban las visitas del domingo siguiente por el día de la madre.
El personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había ingresado al pabellón con escopetas con munición antitumulto como respuesta a una discusión entre dos internos.
Según los testimonios, los agentes dispararon balas de goma a quemarropa, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y lanzaron perros contra ellos.
Durante el juicio, los testigos aseguraron que, tras este episodio represivo, se inició un foco de incendio en el fondo del pabellón. Los penitenciarios se replegaron y cerraron la puerta con candado: encerraron a los detenidos en un pabellón en llamas, tras lo cual 33 de ellos murieron quemados y asfixiados.
Desde el CELS indicaron que “no se trataba de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario: el lugar no cumplía con los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de personas”, ya que había sido construido como un “Pabellón de bajo costo” en el que se hacinaban personas en condiciones inhumanas.
Las pruebas de la causa hablan de una “acción deliberada” que impidió que los detenidos pudieran salvar sus vidas. La superpoblación, la ausencia de medidas de seguridad y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16 integran el conjunto de acciones que causaron las muertes.
En la actualidad, hay más de 39 mil personas detenidas en las cárceles bonaerenses; y el incremento de la tasa de encarcelamiento profundizó los índices de hacinamiento y violaciones de los derechos humanos.
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