La apelación fue admitida por la Sala II de la Cámara Federal porteña a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos para que el ex presidente no quede exceptuado de responsabilidad penal por cinco homicidios cometidos por fuerzas de seguridad horas antes de su renuncia y su salida de la Casa Rosada en helicóptero.
El pasado 9 de noviembre, la Cámara Federal, con la disidencia de su presidente Horacio Cattani, confirmó el sobreseimiento de De la Rúa dictado por el juez federal Claudio Bonadío en la causa por los delitos de homicidios y lesiones culposas durante la vigencia del estado de sitio implantado a fines de 2001.
El 19 y 20 de diciembre del 2001, sólo en la Capital Federal, fueron asesinadas cinco personas durante la represión a manifestantes en la Plaza de Mayo y sus alrededores.
En todo el país, la represión mató al menos a 30 personas y dejó cientos de heridos entre los manifestantes que salieron a las calles desde que De la Rúa anunció el estado de sitio, detonante de protestas que reflejaban un extendido descontento hacia las políticas de su gobierno.
Los camaristas Martin Irurzun y Eduardo Farah consideraron que el entonces presidente no había tomado decisiones vinculadas con la seguridad interior, que delegó en los órganos con competencia específica en la materia, mientras que para Cattani De la Rúa no podía ser ajeno a la represión y sus consecuencias.
Bonadío, en cambio, envió a juicio oral a los entonces secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov y jefe de la Policía Federal, Rubén Santos y a otros dos comisarios, Raúl Andreotti y Norberto Gaudiero, responsables del operativo que reprimió.
Los cuatro están acusados por cinco homicidios culposos y lesiones culposas en 117 oportunidades, por los que podrían recibir hasta cinco años de prisión si el Tribunal Oral Federal 6 que los juzgará a fines del 2001 los encuentra culpables
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En cambio, un grupo de diez policias federales acusados de esos homicidios pero con dolo, podrían recibir hasta 25 años de cárcel.
Otro responsable político de aquellos hechos, el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, murió mientras se sustanciaba la causa.
