Cinco intendentes bonaerenses presentarán un amparo judicial para frenar nuevos cobros de peaje sobre la Ruta Nacional 5 hasta que se concrete la construcción de la autovía hasta Suipacha, una obra que fue demorada por el gobierno nacional y que está incluida dentro de la concesión adjudicada a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA).
El anuncio lo hizo el jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el séptimo Encuentro Regional de Infraestructura, que contó con la participación del ministro bonaerense Gabriel Katopodis y representantes de distintos sectores productivos.
La iniciativa reunirá a intendentes de diferentes espacios políticos. Además de Britos, firmarán el planteo Jorge Gaute (Alberti), Juan Luis Mancini (Suipacha), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Daniel Stadnik (Carlos Casares).
El reclamo apunta particularmente a las obras frendas entre Mercedes y Suipacha y el anuncio de la instalación de un nuevo peaje en la localidad de Gorostiaga, partido de Chivilcoy. Para los intendentes, no corresponde avanzar con nuevos cobros a los usuarios mientras las obras comprometidas sigan sin completarse.
“Vamos a presentar un amparo con los intendentes de Alberti, Suipacha, Mercedes y Carlos Casares para que no se realice ningún nuevo cobro a los vecinos hasta que no se termine la autovía hasta Suipacha“, anunció Britos.
La promesa de la autovía hasta La Pampa
El intendente de Chivilcoy también anticipó que el planteo judicial buscará exigir el cumplimiento de una promesa que, según recordó, lleva más de tres décadas: extender la autovía hasta Bragado y luego continuar hasta La Pampa.
“Es una promesa que nos han hecho cuando éramos todos muy jóvenes y que hoy todavía estamos esperando. No se puede seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los vecinos si no se cumplen las obras”, cuestionó.
La presentación se suma a otros reclamos que vienen acumulándose alrededor de la Ruta 5, uno de los corredores estratégicos del oeste bonaerense. A principios de octubre, la Unión Cívica Radical también anunció una acción de amparo para exigirle al Gobierno nacional medidas concretas, obligaciones y plazos para garantizar la seguridad vial.
En aquella oportunidad, dirigentes radicales encabezados por el titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, llevaron el reclamo a la vera de la ruta, en 9 de Julio. La iniciativa puso el foco en la cantidad de siniestros viales y en la paralización de obras.
Ahora, el planteo de los cinco intendentes incorpora otro eje: la relación entre el cobro de peajes y el cumplimiento efectivo de las inversiones en infraestructura.
Katopodis y las obras pendientes en la región
El anuncio tuvo lugar durante el séptimo Encuentro Regional de Infraestructura, donde Britos también destacó la agenda de obras que la Provincia lleva adelante en la zona.
En particular, agradeció a Katopodis por la próxima licitación del tramo V del Plan Maestro del Río Salado. Chivilcoy tiene cuatro localidades atravesadas por ese curso de agua y espera que los trabajos permitan mejorar las condiciones hidráulicas de la región.
También reclamó que el Gobierno nacional termine el tramo IV, cuya ejecución comenzó con dificultades y que, según señaló, habría mostrado cierta mejoría.
Britos aprovechó además para destacar la finalización de una obra energética que permitió resolver problemas de abastecimiento para el entramado industrial de Chivilcoy y otras comunidades de la región.
El jefe comunal defendió la necesidad de sostener una agenda de gestión por encima de las diferencias partidarias. “Yo soy vecinalista, hay intendentes peronistas, hay intendentes del PRO acá, radicales, y así tiene que ser”, sostuvo.
En ese marco, también cuestionó las declaraciones del ministro de Economía nacional sobre el peso de las tasas municipales en la actividad comercial e industrial. “El problema de los comerciantes, de los industriales y demás es el impuesto al cheque, las retenciones y son tantas cosas que exceden a lo que puede hacer un intendente”, respondió.
El reclamo por la Ruta 5 suma así otra instancia de presión política y judicial sobre el Gobierno nacional. Con el antecedente de la UCR y ahora el anuncio de cinco intendentes, la falta de avances en la autovía y la discusión por los nuevos peajes empiezan a convertirse en un frente común para los municipios atravesados por el corredor.
