El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente tras la última tanta de candidatos y designaciones de jueces federales y funcionarios judiciales convalidadas por el Congreso .Un informe elaborado por ACIJ, INECIP, CELS, ELA, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano analizó los 76 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado entre el 24 de abril y el 27 de agosto y detectó, entre otras cuestiones, candidatos con vínculos políticos, familiares o laborales con funcionarios del oficialismo y con expedientes de alto impacto para la administración nacional.
El dato adquiere una dimensión política mayor porque esos 76 pliegos forman parte de una ofensiva de nombramientos que ya alcanzó los 143 candidatos remitidos por el Ejecutivo al Senado desde fines de marzo. Según las organizaciones, el volumen de vacantes que puede cubrir una misma administración supone que el Gobierno de Milei tiene en sus manos la renovación de más de un tercio de la Justicia nacional y federal.
El informe no sostiene que los vínculos políticos o familiares descalifiquen por sí mismos a los postulantes. El planteo de las organizaciones es otro: cuando quienes llegan a una terna tienen relaciones directas con el poder político o con protagonistas de causas judiciales sensibles para el Gobierno, el Poder Ejecutivo debería justificar especialmente su elección para despejar dudas sobre la independencia de los futuros magistrados.
De funcionario de Milei a candidato a juez federal
Uno de los casos que concentra la atención es el de Emiliano Pedro Méndez Ortiz. El abogado integró el Ministerio de Justicia durante la gestión de Milei y Juan Bautista Mahiques y fue propuesto como candidato a juez federal mientras continuaba ocupando un cargo dentro de la estructura de esa cartera.
La relación con el Gobierno no quedó limitada a su postulación. En junio, una resolución del Ministerio de Justicia lo designó como representante titular de esa cartera en la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Penal Federal.
Además, en julio Mahiques lo designó coordinador de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico (MAJUN), una función creada dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. Es decir, su recorrido hacia la magistratura se produjo en paralelo a su permanencia en puestos de responsabilidad dentro del Gobierno nacional.
Méndez Ortiz integró la segunda terna del Concurso 493 para cubrir seis cargos de juez penal federal en Santa Fe. En el orden publicado por el propio Gobierno figuró octavo, detrás de Santiago Joaquín Saux y dentro de una terna que también integró María Soledad Carrozza.
El caso aparece así como uno de los ejemplos que las organizaciones utilizan para poner el foco en la relación entre la administración que selecciona y los candidatos que terminan siendo elevados al Senado.
Los nombres que cruzan política, Justicia y causas sensibles
El informe también señala otros casos en los que aparecen conexiones con el poder político o con expedientes de interés para el Ejecutivo. Las organizaciones identificaron seis postulantes que se desempeñaban en juzgados federales de Comodoro Py donde actualmente tramitan causas de alto impacto político para el Gobierno.
Entre ellos aparece Fernando Carlos Damián Pascual, secretario del juzgado de Julián Ercolini, donde se tramitan investigaciones que involucran al ministro de Economía, Luis Caputo.
Otro de los nombres señalados es Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien llegó al Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora luego de haber trabajado durante años como secretario de Ariel Lijo. El Gobierno oficializó su designación mediante el Decreto 633/2026 y Rodríguez Ponte juró como magistrado el 13 de agosto.
Su llegada al juzgado tiene además una particularidad por el tipo de expedientes que quedan bajo su órbita. Se trata del tribunal por el que tramitan causas de fuerte repercusión política y económica. En el acto de jura participaron Mahiques, Rosatti y Lorenzetti, mientras que Lijo también estuvo presente, según consignó la cobertura del acto.
El informe advierte además sobre otros postulantes con antecedentes políticos o familiares vinculados con actores del sistema judicial y político. Entre ellos menciona a Facundo Carlos Cortés, familiar del diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca, y a Santiago Juan Schiopetto, quien ocupó un cargo en el área de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
El problema de fondo: hasta dónde puede incidir el Ejecutivo
Los vínculos personales son apenas una parte del planteo de las organizaciones. El otro eje está en el mecanismo mediante el cual el Gobierno termina seleccionando a los candidatos que llegan al Senado.
Según el informe, en 13 de los 76 casos analizados hubo diferencias superiores a diez posiciones entre el primer orden de mérito y la ubicación final después de las entrevistas. En algunos casos, las variaciones llegaron hasta 84 lugares.
A la vez, el Ejecutivo eligió en el 64% de los casos a candidatos que habían quedado segundos o terceros dentro de sus respectivas ternas. Las organizaciones también detectaron 20 casos en los que, según su interpretación, se habría vulnerado el carácter vinculante de las ternas al seleccionar a más de un candidato de una misma terna para distintos cargos.
La discusión, entonces, no queda circunscripta a la trayectoria individual de cada postulante. El punto central del informe es la combinación entre el enorme volumen de cargos que el Gobierno puede cubrir, las modificaciones que se producen durante los concursos y la existencia de candidatos que mantienen vínculos con funcionarios, dirigentes o estructuras relacionadas con la propia administración que decide elevar sus nombres.
El Senado, que debe prestar el acuerdo constitucional para completar las designaciones, ya intervino en varias tandas durante 2026. El 17 de septiembre, por ejemplo, aprobó en bloque una serie de acuerdos para designaciones judiciales, mientras que Pablo Bertuzzi obtuvo ese mismo mes el acuerdo para integrar la Cámara Federal porteña.
En ese escenario, el informe de las organizaciones pone el foco en una etapa particularmente sensible para el Gobierno de Milei: la posibilidad de incidir sobre una porción significativa de la Justicia mientras se definen magistrados que tendrán bajo su competencia causas que involucran a funcionarios, organismos y decisiones de la propia administración nacional.
